Pagina/12 // 07-01-10 // Enredrados
07-01-2010 / La creación de un fondo para pagar deuda con reservas provocó una crisis entre el Ejecutivo y el presidente del BCRA. La polémica económica detrás del conflicto. El “efecto Cobos” que seduce a la oposición.
Por Adrián Murano
El teléfono al que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura.” El pasado miércoles 6, esa grabación se repitió durante toda la jornada en los dos celulares que suele utilizar Martín Redrado. El aviso automático parecía ser, a la vez, una declaración política: ese día, apenas pasadas las 8.30 de la mañana, el economista de cuño liberal devenido en puntal kirchnerista al frente del Banco Central fue “desconectado” por el Gobierno. Lo de “fuera del área de cobertura” sonaba a redundancia sutil: desde que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, hizo público el pedido de renuncia, Redrado buscó –y recibió– el paraguas de la oposición, siempre dispuesta a estimular cualquier conflicto interno que surja en el Gabinete K.
La escalada de tensión entre el presidente del BCRA y el Poder Ejecutivo se había iniciado el 14 de diciembre de 2009, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilización. Bajo ese título pomposo, y mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno dispuso que el Central transfiriera 6.500 millones de dólares de reservas excedentes al Tesoro nacional, con la declarada intención de destinarlos al pago de deuda externa contraída con organismos multilaterales –Club de París– y los denominados “holdouts”, los bonistas particulares que no adhirieron al canje de 2005.
El mecanismo de “desendeudamiento” era similar al utilizado en 2006, cuando el Gobierno dispuso la cancelación anticipada de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero con una variante: en aquella oportunidad, la cesión de reservas fue aprobada por un Congreso con clara mayoría oficialista, situación que dista de la actual, donde la oposición recuperó escaños y se presenta unificada en el rechazo automático de cualquier acto de gobierno.
Ante ese panorama, el Ejecutivo midió los tiempos para eludir la inmediata revisión parlamentaria del decreto promulgándolo al filo de las sesiones ordinarias. De ese modo, la consideración del DNU alcanzó a tomar estado parlamentario, pero su tratamiento se dilató hasta marzo, cuando el Congreso vuelva a sesionar. Mientras tanto, el decreto tiene fuerza de ley y debe ser acatado como cualquier otra norma en vigencia. Eso, claro, en las formas. Porque en los hechos, Redrado se las ingenió para postergar la conformación del fondo con una doble excusa: la autarquía del organismo que preside y la posibilidad de que, al declarar la disponibilidad de una parte de las reservas, ese dinero quede a tiro de embargo de los voraces holdouts.
En apariencia, los argumentos esgrimidos por Redrado no adolecían de sensatez: la Carta Orgánica del BCRA le otorga autonomía funcional a la entidad como un modo de preservar el respaldo monetario ante eventuales problemas de caja del Tesoro. Por eso la carta dispone, entre otras cosas, que sus autoridades sólo puedan ser removidas en acuerdo con el Congreso. En el caso de los holdouts, en cambio, la postura de Redrado es más política que técnica. El titular del BCRA sostiene que el decreto firmado por la Presidenta deja abierta la puerta para que los tribunales estadounidenses dispongan el embargo de las reservas excedentes –calculadas en unos 18 mil millones de dólares– para cubrir los reclamos de los fondos buitres que poseen bonos en default. A criterio de Redrado, esas reservas podrían ser necesarias para ahuyentar eventuales ataques contra el peso provenientes de los especuladores monetarios o de una expansión inflacionaria provocada por el rebote de la actividad económica luego de dos trimestres de recesión.
Esa certeza, sin embargo, choca contra las presunciones de Economía, expresadas por su titular, Amado Boudou. “Este gobierno demostró que tiene la capacidad de generar reservas”, dijo en conferencia de prensa, y abundó: “Cuando asumimos, las reservas no alcanzaban los 6 mil millones, y hoy hay más de 40 mil. Eso se logró por el éxito de una política económica basada en el desendeudamiento, el estímulo al consumo y a la inversión. El Fondo del Bicentenario continúa en esa dirección. Por eso es atacado por quienes pretenden volver a las fracasadas políticas de ajuste”.
Esa confrontación de miradas entre las dos espadas económicas más importantes de la estrategia K dejó en evidencia una discusión más profunda que el culebrón político de internas palaciegas que regocijó a la oposición. Si bien es cierto que el despido-renuncia de Redrado permite rediscutir el rol institucional del BCRA –aunque autárquica, la entidad integra el kit de herramientas de las que dispone un gobierno para ajustar su plan económico–, la anécdota no debería encubrir el debate de fondo: ¿Es bueno o es malo utilizar reservas para pagar deuda externa?
En este punto, los economistas difieren según sus convicciones. Quienes se ubican a la izquierda del espectro ideológico suelen coincidir en que resulta injusto privilegiar el pago de la deuda externa por encima de la acuciante deuda social. En una respuesta hacia ellos, el Gobierno sostiene que su política de “desendeudamiento” a través de reservas busca tender puentes con los mercados internacionales de créditos –dinamitados tras el default de 2001–, sin recurrir a los ajustes del Tesoro que, como se demostró en el pasado, afectarían el desarrollo de planes sociales clave –como la asignación por hijo y la movilidad jubilatoria– o las inversiones en infraestructura. La explicación, por cierto, lleva implícita una confesión: el Gobierno estima que en 2010 podría necesitar fondos frescos, por encima de los que se puedan recaudar, para afrontar gastos que hasta ahora eran cubiertos por los superávit fiscal y comercial.
Ese reconocimiento, sumado a la expresa intención oficial de honrar la deuda pública, provocó un embrollo entre los economistas afincados al margen derecho, ortodoxo o liberal: por principio, esos economistas festejan los eventuales contratiempos de caja del Gobierno con el mismo énfasis que celebran el pago de compromisos externos. Por eso, para evitar complicaciones discursivas, la mayoría de los consultores del establishment cortaron por el atajo republicanista de repudiar el pedido de renuncia a Redrado, a coro con los dirigentes de la oposición, que vieron en ese acto administrativo un grave escándalo político. Y la posibilidad de iniciar el 2010 protagonizando un duelo verbal con el Gobierno de esos que provocan más alarma que incendios.
El miércoles 6, al cierre de esta edición, Redrado insistía en que no abandonaría su cargo hasta el vencimiento de su mandato, en septiembre. Mientras Boudou lo daba por renunciado, Aníbal Fernández advertía que podría recurrir a la Justicia si Redrado se atrincheraba en su puesto. En los pasillos de la Casa Rosada, se hablaba directamente de “la traición” cometida por el titular del Central. Conocedor de los códigos del fútbol, el banquero Mario Blejer comunicaba desde Suiza que no aceptaría la dirección del BCRA mientras ese cargo estuviera ocupado.
Alérgicos a los sacudones, los bancos privados agrupados en ADEBA le reclamaron la renuncia a Redrado para que preserve “la estabilidad del sistema financiero”. Por su parte, la CGT, a través de un comunicado, se pronunció a favor de la decisión presidencial de reemplazar a Redrado, “quien sin otro fundamento que los intereses ajenos al pueblo argentino puso trabas a decisiones de carácter estratégico tomadas por el Gobierno Nacional”.
Ya entrada la noche, un colaborador del Central se sinceraba: “Es una situación extraña. No me imagino lo que puede pasar en un país donde la Presidenta esté enfrentada al presidente del Banco Central. Pero bueno, en la Argentina el vicepresidente es el jefe de la oposición...”. Bienvenido, 2010.
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