Revista Debate // 22-03-10 // La judicialización de la política
Por Marcelo Capurro
CARTA DEL EDITOR
Desde la medianoche del domingo 28 de junio de 2009, cuando se supo que el Gobierno había perdido la elección en la provincia de Buenos Aires -la famosa madre de todas las batallas-, el mundo opositor comenzó a hablar del mensaje
de las urnas.
Ese mensaje, se viene sosteniendo desde entonces, no es adecuadamente leído -ni aceptado- por el gobierno nacional.
Ocurre que, en el estilo que lo caracteriza, el kirchnerismo no bajó los brazos y trató de exteriorizar que el sacudón recibido no había sido tan duro, disimulando el golpazo con propuestas de diálogo político y refuerzo de acciones de gobierno.
Casi nueve meses han pasado desde esa noche triste para el Gobierno.
¿Cuál fue el mensaje de las urnas?
Casi nunca se ha expresado tantas veces un concepto sin llenarlo de sentido. Porque es obvio decir -y no se ha ido mucho más allá- que el mensaje de quienes votaron contra el kirchnerismo fue ponerle una valla para detener su avance.
Lo que es seguro es que no estuvo dentro de los deseos expresos u ocultos de los sufragantes opositores el actual correlato en la vida real: un Congreso más atravesado por decisiones judiciales que por debates creativos.
El 28 de diciembre último, la provincia de San Luis planteó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de impugnación del decreto que creó el Fondo del Bicentenario.
Fue entonces cuando empezó el festival de demandas, recursos de amparo, fallos, apelaciones, excusaciones y recusaciones, etcétera, etcétera.
Desde ese día -ni la feria judicial de enero los salvó- los jueces vienen dedicando largas horas diarias a la lectura de los distintos pasos de comedia -o de drama- que los legisladores -antiguos y recienvenidos- pusieron en el escenario de las dos Cámaras.
Los miembros del Poder Judicial son invitados de piedra a una reunión de la que no querrían, por cierto, participar, en su inmensa mayoría por lo menos.
Porque son conscientes -incluyendo, claro, a los ministros de la Corte- de que la judicialización de la política sobreviene ante el fracaso o la impotencia de los poderes ejecutivo y/o legislativo.
Y, además, los carga de una responsabilidad de gobierno -sí, de gobierno- para la cual no están preparados, ni por vocación ni por formación.
Cuando los legisladores se resignan al fracaso y dejan las decisiones en manos de la Justicia no hacen otra cosa que evidenciar su incapacidad para gestionar lo que les es propio. Muestran, también, que la fibra de los partidos políticos a los que pertenecen está seriamente debilitada.
Finalmente…
No conviene cargar con aires dramáticos una situación que, aunque difícil, no parece todavía ser una encerrona trágica.
Pero lo cierto es que tanto el oficialismo como la oposición tienen que romper este círculo que ya, más que vicioso, es absurdo.
Todos sabemos quiénes son los que quieren que todo se caiga.
A quiénes les gustaría salir a gritar (una vez más en la historia argentina) “El Gobierno a la Corte”, como en el 45.
Sólo se trata de no permitirles que se den el gusto.
Y de sentarse a discutir.
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