Newsweek // 07-04-10 //

Por Ricardo Ragendorfer

Lo que por casi dos décadas fue un secreto a voces ahora es una revelación. Y oficializada nada menos que por una fuente de primer nivel: el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. “Detrás de algunos delitos ocurridos en countries existen internas sospechosas entre agencias de seguridad para quedarse con algún barrio”, fueron sus exactas palabras. La semana pasada, el funcionario anunció “operativos sorpresa en los barrios privados La Lomada y Campo Chico”, ambos ubicadas en el Partido de Pilar. Las inspecciones se concretaron durante la mañana del Viernes Santo. Vestido de elegante sport y con una actitud tal vez inspirada en Eliot Ness, Stornelli rastrilló esos idílicos vecindarios escoltado por una decena de funcionarios y policías de civil, entre los que resaltaba el titular de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias Privadas, Carlos Sotini. Semejante despliegue no fue vano. En los dos sitios se constató la presencia de vigiladores que no estaban debidamente registrados, además de otras falencias. Por ello fueron multadas las empresas de seguridad Hunter y Federal Resguard, y también fue labrada un acta de infracción para la firma ISE, que custodia el perímetro de las dos urbanizaciones.

Al concluir la faena, el ministro deslizó el siguiente comentario: “El negocio de la custodia privada es enorme; los intereses, también”.

Y su interés por el asunto tuvo origen en un hecho, por cierto, virulento: la incursión de un grupo armado en el barrio Isla del Sol, en el que reside el ex jefe de Gabinete y actual intendente de Tigre, Sergio Massa.

Su desarrollo pareció salido de una película del controvertido director estadounidense Sam Peckinpah. “Somos de Narcóticos; venimos a hacer un operativo en lo de Silvana”, dijo, a modo de presentación, el conductor de un Volkswagen Vento que lucía un chaleco de la Federal, al igual que sus cinco acompañantes.

El vigilador de la entrada no había terminado de asentir cuando sintió sobre su sien la fría superficie de una Glock. Él y otros siete compañeros de trabajo terminarían atados como matambres de azotillo. Los intrusos siguieron su camino, hasta llegar a una primorosa mansión; en el jardín había un muchacho. “¿Ésta es la casa de Silvana?”, quiso saber uno de los recién llegados.

Se refería a la esposa del propietario, un piloto de Aerolíneas, que en ese momento se encontraba atendiendo a unas visitas. Todos ellos terminaron atados, mientras los de chaleco policial se entregaban a la tarea revisar el inmueble. Su intención no parecía ser el robo, sino más bien el hallazgo de un misterioso bien. Ello se desprende de una frase vociferada una y otra vez por uno de los delincuentes: “¡Entregá la merca, hijo de p...!”.

El dueño de casa se soltó, antes de sorprender a sus captores con un disparo; en sus manos centelleaba una Magnum. A partir de entonces, ante el estupor de seis comensales maniatados sobre el suelo en posición fetal, se produjo una tormenta de plomo. En medio del trepidante silbido de las balas, las imágenes parecían transcurrir en cámara lenta. El silencio recién se impuso luego de que los incursores pusieran los pies en polvorosa. Contendientes y testigos habían quedado milagrosamente intactos.

Poco después, el vecino Massa ofrecería  su lectura del hecho. “Parece que no fue un robo. Todo es muy raro”, declaró.

Lo cierto es que tanto la sofisticación logística del sexteto como el halo de impunidad que exhalaban, junto, incluso, al traspié que sufrieron en medio de la acción, hace suponer que no se trataba de delincuentes comunes. O, dicho de otra manera, de personas que son exclusivamente eso. Tal es la hipótesis  que se baraja en las esferas oficiales.

A lo sucedido en Isla del Sol se suman los casos de otros nueve countries bonaerenses atracados entre el 2 de febrero y el 20 de marzo. En casi todos, sus autores evidenciaron un apreciable conocimiento del terreno y de los valores a saquear. Sólo en tres de aquellos hechos los custodios fueron reducidos; en los otros, los delincuentes ingresaron a las urbanizaciones sin ser vistos ni siquiera por las numerosas cámaras de seguridad que suele haber en diferentes puntos del terreno. Ello también alarmaría a las esferas oficiales.

Tanto es así que, el 11 de marzo, el ministro Stornelli mantuvo una extensa reunión con empresarios del ramo, nucleados en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). La idea era analizar la situación de las agencias. Y uno de los acuerdos giró en torno al acceso —hasta ahora vedado— de las fuerzas de seguridad públicas a esos inmaculados vientres inmobiliarios. También se habló de coordinar normas básicas para el futuro funcionamiento de las agencias, como la cantidad de vigiladores en relación con el número de casas. Y la instalación del llamado “botón de pánico”, conectado con las comisarías.

Aunque no haya sido dicho en forma explícita por las partes, en ese cónclave subyacía un clima de sospecha. Casi tres semanas después —como ya se sabe— el ministro se mostraría mucho más explícito. “Muchas veces nos damos cuenta de que algunos robos no existen”, dijo Stornelli, a punto de salir del multado barrio Campo Chico. Cuando los cronistas le consultaron, entonces, sobre el sentido de denunciar algo que no pasó, el ministro fue claro: “Desavenencias entre competidores”.

El presidente de la CAESI, Aquiles Gorini, se muestra escéptico al respecto. Y, en diálogo con Newsweek, sostiene: “Me sorprenden los dichos del ministro. El otro día estuvimos con él, y no fue eso lo que nos dijo. Por el contrario, acordamos una serie de pautas para optimizar la seguridad entre las dos partes”.

- ¿Existen en los countries delitos propiciados por algunas agencias con el propósito de desacreditar a otras?

- Mire, eso es un mito urbano. Así no funciona la cosa. Y a mí, en particular, no me consta. Le juro que, en los 40 años de existencia de nuestra Cámara, no ha habido casos de este tipo.

- ¿Qué incidencia porcentual puede llegar a tener en los asaltos de este tipo la posible complicidad del personal de seguridad?

- Bajísima. Sucede que el boom inmobiliario hizo que en las urbanizaciones haya inquilinos temporarios. Hay bandas que alquilan casas con el propósito de hacer inteligencia. Tampoco hay que desestimar la profusa circulación de albañiles, sirvientas y jardineros.

- Es ya añejo el debate en torno a los beneficios de la seguridad privada. Y en ello hay una razón de peso: el vidrioso conflicto que supone trasvasar el uso de la fuerza del Estado a un conjunto de empresas privadas.

- Esta cuestión adquiere un tono más dramático cuando, en el plano de la práctica, se está en presencia de un precario encuadre legal y de limitaciones palmarias en el control que debería ejercer el Estado. De allí a la impunidad sólo hay un estrecho pasillo. Y los resultados están a la vista.

En materia de negociados y delitos evitables, las urbanizaciones son una tierra de promisión. En los 500 countries que actualmente hay en el Gran Buenos Aires viven unas 300.000 personas. Y ponen su seguridad en manos de una milicia de casi 37.000 vigiladores, lo que equivale a la cantidad total de efectivos, por caso, que posee la Policía Federal. Lo cierto es que a las agencias, los barrios privados les garantizan un 25 por ciento de su facturación total. Tanto es así que un contrato de este tipo supone una ganancia oscilante entre los $ 300.000 mensuales —por un servicio básico de tres vigiladores rotativos durante 24 horas y un vehículo— y el millón. El country Nordelta, de Tigre, por caso, tiene contratadas simultáneamente  unas siete empresas. En ese marco, no es descabellado suponer una feroz interna, digamos, comercial. Y de añeja data.

En tal sentido, un ex oficial de la Bonaerense aún recuerda el asesinato del comisario Héctor Bassino, ocurrido el 15 de junio de 1997. Se trataba del policía que, hasta unos meses antes, había tenido a su cargo la flota aérea de la fuerza comandada entonces por Pedro Klodczyk. De hecho, era uno de sus hombres de confianza, al punto de que ambos compartían la misma pasión por pilotear aviones. Y Bassino era un eximio aviador, lo cual, además, explicaba su simpático apodo: “El Barón Rojo”. Sin embargo, su figura adquirió una módica celebridad por otra razón: haber sido el factótum de la compra de unos 40 helicópteros Robinson R22 por un monto superior a su precio en el mercado. A los pocos días, seis de ellos ya se habían estrellado contra el piso. Pero Bassino saldría indemne de esa experiencia. Y no tardó en paladear las mieles del retiro. Hasta la tarde en que, mientras estacionaba su vehículo en una calle de Bernal, una ráfaga de ametralladora, disparada desde un auto en movimiento, lo partió en dos.

Los diarios hablaron de un intento de robo. Sin embargo, su antiguo colega esgrime otra hipótesis. “Bassino era la cara visible de Codecoop”, asegura la fuente. Esa empresa cuidaba el grueso de los countries de Ranelagh. Debido a ese motivo, estaba envuelta en una sorda trama con otras agencias que disputaban el mismo territorio.

Con el paso del tiempo, la competencia se hizo más civilizada; ahora, hasta para Stornelli, la estrategia dominante consiste en perjudicar al barrio privado custodiado por el competidor de turno.
Lo que se dice, un juego demasiado “libre” entre la oferta y la demanda.