Ventitres // 22-04-10 // Espionaje vip

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22-04-2010 /  El caso del asesor Roberto Larosa dejó al descubierto el creciente tráfico de información privilegiada. Cómo funciona y cuáles son las tarifas de este mercado negro.

Por Carlos Romero y Tomás Eliaschev

Dos semanas antes de que fuera detenido mientras husmeaba en la oficina 411 del 4º piso del Ministerio de Economía, Roberto Antonio Larosa, asesor y ahora supuesto espía, estuvo presente en una reunión donde hizo gala de sus aceitados contactos y su capacidad para obtener información privilegiada en materia económica, en este caso, en el ámbito del gobierno porteño. Fue durante un encuentro entre miembros del espacio que en la Capital Federal responde al diputado nacional Claudio Lozano, con el objetivo de analizar el presupuesto de la ciudad. En esa oportunidad, Larosa, un economista vinculado a la CTA, fue presentado como un hombre con mucha llegada a algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda porteño. El “Gordo” –como lo apodan– incluso llegó a mostrar unas planillas con datos de ejecución presupuestaria que todavía no habían tomado estado público. Eran listados de elaboración casera, sin membretes.

Para los presentes, lo de Larosa fue más una buena “venta” de sus talentos que otra cosa, porque la información que aportó estaba bastante lejos de ser exclusiva. Sin embargo, mientras crece el escándalo político y avanza la pesquisa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío, que acusa al asesor de “tentativa de hurto” y “violación de domicilio”, cobra peso la versión de que Larosa tenía múltiples y variados clientes, muchos en el sector privado y del tipo que sabe valorar la información privilegiada.

Sucede que además de las denuncias cruzadas entre Lozano y el ministro de Economía, Amado Boudou, y entre el diputado Pino Solanas y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la caída en desgracia de Larosa dejó en evidencia un consolidado y lucrativo mercado dedicado al “tráfico” de datos sensibles en materia económica. Una suerte de “clearing” que opera a la vista de todos, proveyendo a empresas, bancos y consultoras, a través de agentes que recorren oficinas ministeriales en busca de “info” que luego será vendida, “cruda” o bajo la modalidad de informes. Un escenario que en los últimos años se habría potenciado por el estilo de la gestión actual, que ejerce un mayor control sobre datos que antes circulaban con mayor libertad.

En el caso de Larosa, Veintitrés pudo saber que el viernes pasado no fue la primera vez que las cámaras de seguridad de la cartera que dirige Boudou registran sus movimientos. El personal de vigilancia le había empezado a seguir los pasos desde febrero, después de que Raúl Rigo, subsecretario de Presupuesto y en cuya oficina acabaría detenido Larosa, alertara sobre posibles filtraciones de información al equipo de seguridad. Las sospechas de Rigo, conocido por su obsesión en el manejo de los datos sensibles, surgieron después de que viera aparecer en la prensa ciertos guarismos presupuestarios que por entonces el ministerio aún no había difundido.

“Hay un mercado totalmente armado, establecido, que lleva dos o tres décadas de existencia”, señala un ex funcionario de Economía de primera línea, que aporta un ejemplo de los beneficios de contratar estos servicios: “En la Secretaría de Hacienda, mensualmente se publica la posición fiscal del país, pero muchos pagan por tener los datos de los primeros 15 días de cada mes o hasta a diario, porque con esa ‘info’ se puede saber, por caso, cómo están los títulos públicos y calcular cómo se van a fijar sus precios”.

El costo de ese tipo de prestación es variable: va de los 500 a los 20 mil pesos, dependiendo de la exclusividad de la información y, en paralelo, de la billetera del que paga. Grosso modo, hay tres categorías de compradores: los corredores de Bolsa, que usan estos datos para obtener una posición de ventaja al negociar bonos y acciones; las consultoras especializadas, que aplican el insumo para realzar el valor de sus informes de coyuntura, y por último los escritores de newsletters (economistas y periodistas, en general), que distribuyen información de cierta confidencialidad a sus suscriptores.

Sin necesidad de llegar a estos casos, escuchar los consejos de los llamados gurúes de la City nunca es barato. Por ejemplo, los primeros miércoles de cada mes tres pesos pesados ofrecen un ciclo de conferencias exclusivas en el piso 18 de Cerrito 740, en el coqueto auditorio del Banco Itaú. Allí, Miguel Ángel Broda, Rosendo Fraga y Ricardo López Murphy dan sus pronósticos –usualmente pesimistas– sobre el rumbo de la política económica, con un precio que no está al alcance de cualquier bolsillo: tres encuentros cuestan más de 6.000 pesos y para los 12 del año hay una “promo” que ronda los 26 mil pesos. El convite incluye la entrega de un informe de 150 páginas más un CD lleno de gráficos explicativos, además del derecho de acceso a un teléfono de consulta. El próximo de estos eventos será el 5 de mayo.

Volviendo a los pasillos del Palacio de Hacienda y a los recolectores de datos, es casi un ritual que los nuevos directivos de áreas clave reciban la visita de agentes free-lance y empleados de consultoras que les proponen entablar un feedback informativo. En general, el hielo se rompe con una invitación a charlas, desayunos o un congreso. La tarea suele estar en manos de gente que supo trabajar en el ministerio en otras épocas y que sabe bien qué puertas golpear. O abrir, como en el caso de Larosa, que según la Policía Federal ingresó a la oficina de Rigo con su propia llave.

Desde 1975 hasta 1993, el economista que desató en Proyecto Sur un temblor similar al de Ciro James en el macrismo, trabajó en la cartera de Economía. A mediados de los ’90 comenzó a explotar la nutrida agenda de contactos que supo construir en su paso por el Estado. Actualmente, además de brindar asesorías a Lozano, posee un contrato temporario con el senador del ARI por Santa Cruz José Carlos Martínez. Pero todo hace suponer que su clientela es muchos más amplia y algunos incluso creen que el suyo pueda derivar en un caso similar al de Hernán Arbizu, el ex ejecutivo argentino del JP Morgan que reveló a la Justicia las maniobras irregulares de las que participó y quiénes fueron sus clientes.

Al cierre de esta nota, el juez Bonadío mantenía la causa tabicada por el secreto de sumario, y al sospechoso, detenido por considerar que en libertad podría entorpecer la investigación. En diálogo con Veintitrés, Juan Gregorio Ayala, abogado de Larosa, rechazó las imputaciones que se le hacen a su cliente y cuestionó la información que trascendió desde la Federal. Ayala –que representó a Lozano en un caso contra el represor Luis Abelardo Patti– dijo que su cliente está “sorprendido” y que no hablará hasta ser excarcelado. “No hay ninguna razón para que permanezca detenido. No puede ser que está en Marcos Paz cuando no hay ningún elemento que indique que haya tentativa de hurto ni mucho menos espionaje”, se quejó.

Desde su oficina en la Comisaría 2ª, el comisario Mario Alberto Morales desmintió las críticas hechas por Lozano y su entorno al accionar policial. “Intervinimos porque nos llamó el personal consignado en el ministerio. En ningún momento se produjo una persecución”, comentó, y agregó que “al detenido se lo veía asustado”. En la noche del martes 20, sus hombres allanaron el domicilio de Larosa, en avenida Rivadavia 4939, en el barrio de Caballito, donde secuestraron documentación y una computadora.

Lozano adelantó a esta revista que planea accionar legalmente contra el titular de la cartera de Economía, luego de que lo acusara de robar información. “Vamos a denunciar penalmente a Boudou por calumniarnos de esta manera”, dijo el diputado, que atribuye todo el episodio a una maniobra del gobierno nacional tendiente a “quitarle credibilidad a la denuncia de tráfico de influencias en el canje de la deuda”, en referencia a la consultora Arcadia, a la que Lozano había señalado por tener supuestos vínculos con funcionarios kirchneristas. Sobre sus contactos con Larosa, el jefe de economistas de la CTA respondió: “Sobre lo que él hace o deja de hacer en el Ministerio de Economía, no tenemos nada que decir. Son cuestiones de las que tiene que hablar él y los funcionarios con los que se veía. No fue ahí por instrucción nuestra. Larosa es un experto en cuentas públicas, asesora a mucha gente. Hay muchos que le pagan. Nosotros no”.

Dese el entorno de Boudou señalaron que “la cuestión de la consultora Arcadia es un tema entre privados” y que para determinar quién sería el cómplice interno que le habría facilitado la llave de un despacho a Larosa, ya se puso en marcha un sumario interno. Por lo bajo señalan que “en el palacio hay capas geológicas”, funcionarios de tercera línea, de gestiones anteriores y que no cuentan con la confianza de la administración actual.

En lo inmediato, el caso Larosa parece condenado al escándalo.

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