Ventitres // 09-09-10 // Enemigos de la verdad
09-09-2010 / Tras el informe sobre Papel Prensa, se desnudó el modo en que el multimedios presiona a la Justicia para obstaculizar las causas en su contra. El antecedente: el caso de Felipe y Marcela Noble.
Por F.M.
El caso Papel Prensa desnudó mucho más que los negocios del Grupo Clarín y el diario La Nación con los jerarcas de la última dictadura militar. Además de sacar a la luz los negocios que unían a las tres armas y sus socios civiles, la trama –que aún no terminó de develarse y que parece tener su desenlace en la Justicia– reveló que los directivos del grupo del clarinete aprendieron a presionar sobre ese poder del Estado desde que una serie de causas los salpica por presuntos ilícitos.
Tras el informe “Papel Prensa - la verdad”, que presentó la presidenta Cristina Fernández, y diversas investigaciones periodísticas realizadas por el diario Tiempo Argentino que revelaron cómo hicieron Clarín, La Nación y La Razón para apoderarse de la industria productora de papel, los abogados de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre se presentaron en el juzgado federal de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, para plantearle la “voluntad” de participar en todas las diligencias procesales de la causa “Circuito Camps”, donde se investigan las torturas que sufrieron los integrantes de la familia Graiver, despojados de Papel Prensa en connivencia con los tres diarios.
En concreto, los accionistas de los dos medios gráficos pidieron estar presentes durante el testimonio de Rafael Ianover, testaferro de David Graiver, el mayor accionista de la empresa que murió en 1976, cuando el avión en el que viajaba se estrelló contra una montaña. Ianover, quien iba a declarar el miércoles 8 de septiembre, pospuso su testimonio ante el fiscal por problemas de salud.
“El pedido de Magnetto y Mitre forma parte del método de presión a Ianover –sostiene el abogado Eduardo Gallo, uno de los directores estatales en Papel Prensa–. Quieren intimidarlo, porque ellos sólo pueden presentarse en tanto asuman su condición de imputados, cosa que aún no sucede.” Beatriz Paglieri, que comparte cargo con Gallo, agrega: “Clarín quiere manejar la agenda de la Justicia pero nadie puede estar manejando el trabajo de un juez. Pretenden tener un rol que no puede ejercer cualquier ciudadano”.
Sin embargo, no es la primera vez que el grupo de Ernestina Herrera de Noble aplica esta estrategia. A fines de agosto último, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal –que cumplió 100 años desde su creación y los festejó con un día de asueto para su fuero, un Tedeum en la iglesia Nuestra Señora del Pilar y un acto académico el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA– despertó la ira oficial al emitir siete fallos a favor de Clarín en Papel Prensa, en menos de 24 horas. Entre las disposiciones principales figuraron: dejar sin efecto la intervención oficial en la empresa y revocar el nombramiento del coadministrador judicial que había sido designado por el Gobierno. “Es extraño –explica Gallo– que una de las cámaras más lentas de la Argentina, por la cantidad de causas que lleva, haya sacado siete fallos a favor de Clarín en un solo día. El Grupo presiona en el único lugar donde puede conseguir una pequeña victoria: la Justicia.”
Un hombre de la Justicia que frecuenta magistrados, fiscales, abogados y consejeros de la Magistratura asegura que la “judicialización” de la empresa dirigida por Herrera de Noble “comenzó con el gobierno K”. Y continúa: “Durante el menemismo, la cuestión era más acotada porque no hacía falta ir a la Justicia. Se negociaba directamente con el Poder Ejecutivo”.
Los tiempos cambiaron, pero no las mañas. Según revela otra fuente tribunalicia, hoy se organizan diferentes acciones para influir sobre un juez: “Los representantes letrados del Grupo, por ejemplo, visitan a los jueces. Indirectamente les dan a entender que puede salir una nota contra ellos en los medios y muchos jueces no se ‘bancan’ que salga su nombre ‘escrachado’ en Clarín. Si no, cuando no les gusta la actuación de algún magistrado, lo denuncian ante el Consejo de la Magistratura”. Lo curioso es que la influencia del grupo empresario alcanza a todos los niveles de la Justicia. Así quedó reflejado tras la reunión entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y un grupo selecto de empresarios entre los que se encontraba el CEO del Grupo, Héctor Magnetto, miembro de AEA.
Los ejemplos sobran. En la causa que investiga la adopción ilegal de Marcela y Felipe Noble Herrera, y entre diversas irregularidades que escandalizaron a los abogados querellantes, sobresalió una en particular: la imputada Ernestina Herrera de Noble tuvo, durante más de un año, a los mismos abogados defensores que representaban a las víctimas. “Nosotros denunciamos esa situación ante el juez Conrado Bergesio desde el principio –afirma Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo–. Pero el magistrado no hizo nada por impedir esa situación.” Los profesionales en cuestión eran Horacio Silva y Jorge Anzorreguy. Por caso, el ex SIDE fue el defensor de los jóvenes desde el inicio de la causa hasta abril de este año y representó a Ernestina desde mediados de 2008 hasta la misma fecha. Ahora, tanto Silva como Anzorreguy fueron apartados de la causa por la nueva jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado.
“Hay un alto nivel de impunidad –acusa Iud–. Los abogados defensores siempre han sido tratados de buena manera por el sistema judicial. Están acostumbrados a moverse por afuera de ciertas reglas que otros respetamos. En todo caso, el error que cometieron fue hacerlo de un modo grosero. Si no lo dejaban tan en evidencia, probablemente esa situación hubiera persistido.”
Ese conflicto aún sigue abierto. La Cámara de Casación convocó a una audiencia el 16 de septiembre para tratar un recurso que presentaron Anzorreguy y Silva por la decisión que tomó la jueza. Y por la que prometen dar pelea hasta el final. “Creo que se sienten intocables en algún punto –analiza el abogado de Abuelas–. Pero también hay una cuota de negligencia porque fueron muy desprolijos. En otros casos también nos pasó que los apropiadores pusieran a sus abogados como defensores de los chicos apropiados. Pero se los apartó enseguida, mientras que acá no cambiaba nada, a pesar de nuestras quejas.” En la misma línea se inscribió lo poco que avanzó la investigación cuando estuvo a manos del juez Bergesio. Un dato basta como botón de muestra: muchos nietos recuperaron su identidad en cuestión de meses; el caso de los Noble Herrera ya lleva nueve años.
El caso más reciente involucró a un directivo del Grupo Clarín con la Unidad de Información Financiera (UIF). En marzo pasado, los representantes del organismo gubernamental enviaron una solicitud al juez federal Julián Ercolini para que levante el secreto fiscal que permita investigar si existió lavado de dinero por parte de Lucio Pagliaro, directivo de Clarín. La respuesta del Grupo evidenció su manejo judicial. “Pagliaro presentó un escrito, mediante su abogado defensor, pidiéndole al juez Ercolini que rechace esa solicitud oficial, antes de que el magistrado estudiara la situación”, aseguraron fuentes judiciales. Pero Ercolini todavía no tomó ninguna decisión.
Para Iud, “está claro que, por lo menos, el Grupo Clarín acude a estrategias de actuación en la Justicia que claramente salen de las reglas del litigio tradicional. Desde presión a través de la prensa hasta actuación irregular de abogados. Es indudablemente un denominador que aparece en todos estos procesos en los que está involucrado”.
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