Sur // 30-05-10 // EE.UU. y la ley de la frontera

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Por Juan Salinas
Periodista

Una delegación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos viajó el jueves a la ciudad de Phoenix, Arizona, para decirles personalmente al Ejecutivo y a los legisladores de ese Estado tapón entre Texas y California que el presidente Barack Obama se opone frontalmente a la nueva ley antiinmigrantes que han sancionado pero aún no ha entrado en vigor, lo que está previsto que suceda el 29 de julio. Y que si es preciso recurrirá a la Corte Suprema para que ésta impida que  ello ocurra. La gobernadora Jan Brewer y su secretario de Justicia les han respondido que resistirán.
El viaje de los federales a Phoenix fue la penúltima manifestación de repudio al racismo explícito de una ley similar a las vigentes en la Alemania nazi durante los años ’30 y ’40 del siglo pasado, o en Sudáfrica durante el apartheid. Las últimas tuvieron lugar en las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos ayer, sábado. Las manifestaciones contra el racismo y en pro de una regularización de los migrantes tienen lugar los 28 de abril desde hace cuatro años, cuando con ese propósito se produjo en Washington la mayor movilización de la historia. Desde entonces, la protesta en esa fecha se extendió a México, y va camino a convertirse en una efeméride global.

El viernes, Andrés Manuel López Obrador, aprovechando el silencio del presidente Felipe Calderón sobre 1os 1200 efectivos de la Guardia Nacional que el conciliador Obama despachó hacia la frontera con México con instrucciones de “sellarla” (su contrincante en las elecciones, el senador John McCain, había pedido que fueran 6000), saltó a la palestra para pedirle al presidente de los Estados Unidos que vete esa ley “xenofóbica y clasista” que considera, en virtud de su aspecto o su acento, que cualquier indocumentado es un criminal en potencia.
Calderón había tenido su momento de gloria la semana pasada, cuando fue aplaudido en los jardines de la Casa Blanca y ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos durante una sesión conjunta de ambas Cámaras, algo impensable en su país. Porque su política de involucrar al ejército en la lucha contra los narcotraficantes hizo que durante los últimos siete años haya habido “una guerra” con aproximadamente tantos asesinados como hubo en Argentina durante los siete años de dictadura.
El presidente mexicano repudió la nueva Ley Antiinmigrantes de Arizona y abogó por una “profunda reforma integral” en las leyes federales migratorias, lo que consideró “la clave para resguardar nuestra frontera común”.  Desde que en febrero Estados Unidos decidió equiparar a las pandillas de narcotraficantes con organizaciones terroristas, los inmigrantes mexicanos pasaron a ser tan sospechosos como los árabes y paquistaníes después del 11-S. En Arizona son un tercio de la población, unos dos millones, de los que se estima que medio millón, están en la ilegalidad.
El 23 de abril, la gobernadora Brewer promulgó la ley SB1070 que autoriza a la policía a encarar a quien se le antoje, por mera portación de cara, a exigirle documentos y/o permiso de trabajo y a considerar su falta un delito, iniciando trámites sumarios para su deportación.
La sanción de la ley produjo reacciones inmediatas. Por una parte, legisladores derechistas de siete estados presentaron proyectos similares y el recrudecer de ataques racistas en Nueva York se ha cebado, a falta de muchos mexicanos, en… los ecuatorianos (la última víctima ha sido Julio Serrano, de 40 años, al que tres jóvenes pandilleros negros dejaron en coma profunda hace una semana). Total, ¿en qué se diferencian las plazas de toros de Lima y Gualadajara?
Esos ataques provocaron un efecto boomerang, blindando a los resistentes. Por ejemplo a los jóvenes que en protesta por el apoyo de McCain a la ley, ocuparon sus oficinas en Tucson (capital administrativa de Arizona), corriendo el riesgo cierto de ser deportados, o los más de veinte inmigrantes que fueron detenidos en un suburbio de Chicago por impedir el paso  de las furgonetas que llevaban a otros inmigrantes al aeropuerto para ser deportados. Es decir, fletados como paquetes a México, donde la mayoría no tiene casa hace muchos años.
Pero donde la repulsa adquirió magnitudes inéditas fue en California. Liderados por el cabildo de San Francisco –al que siguieron otras siete ciudades californianas, incluyendo Los Ángeles y Berkeley– los californianos se lanzaron al boicot activo de Arizona, y no sólo a las habituales convenciones en Tucson y el turismo en general: diez activistas fueron arrestados por cortar las rutas, y el cabildo de Los Ángeles informó que analiza reemplazar la energía eléctrica que recibe de Arizona.
En este contexto, el alcalde de Phoenix –la principal ciudad de Arizona, con 5,6 millones de habitantes– se pronunció contra la ley. Y hasta el jefe de policía –y por lo tanto, encargado de aplicarla– de Salt River, Nick Rodríguez, adelantó que se negará a hacerlo. Mientras, Obama se vio obligado a explicar que él no está impulsando el boicot (sólo) porque su investidura se lo impide.
El principal líder de la protesta acaso sea Jorge Mújica Murías, un profesor mexicano residente en Chicago que fue precandidato a legislador y las pasadas elecciones se postuló como representante. Mújica escribe una columna-blog, “México del Norte”, que es publicada por numerosos periódicos. Consultado, estimó que el único resultado práctico del pronunciamiento a dúo de Obama y Calderón contra la ley ha sido preservar el Tratado de Libre Comercio (TLC, o Nafta) en su actual formulación (“hace 15 años que Estados Unidos lo viola al no dejar entrar a los camiones mexicanos a su territorio”, explicó) de modo de evitar que la crisis económica de los Estados Unidos se agrave. Y que la batalla en torno de la reforma migratoria integral que Obama ha prometido será crucial.

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