Veintitres // 27-08-09 // Evasión cereal

27-08-2009 /  La AFIP denunció una maniobra por más de 300 millones de pesos. La Justicia investiga en Córdoba a la  Compañía Argentina de Granos, líder en exportación de harina. Empresas fantasma y posibles negocios “en negro”.
 
Por Carlos Romero

En privado, los empresarios agropecuarios suelen admitir que el campo argentino es “una mina de oro”. La figura calza a la perfección en un negocio que no sólo mueve millones, sino que además mantiene gran parte de esas ganancias ocultas, por lo bajo, lejos de la luz del día o, como suele decirse, “en negro”. Hay pocos rubros con una tradición evasora tan enraizada como el de los chacareros, que repiten el mismo libreto con su mano de obra, donde la informalidad es tan proverbial como el ombú y los asados.

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), sostuvo que el campo “es el sector porcentualmente de mayor evasión en el pago de impuestos como IVA y Ganancias, así como en el empleo en blanco”. Lo mismo dijo el ex sabueso bonaerense Santiago Montoya, quien había asegurado que la evasión tranqueras adentro era “altísima”.

Con este dato de la realidad y el telón de fondo del conflicto chacarero, desde su llegada a la agencia de recaudación, Echegaray puso la lupa en el campo. En especial, en lo que respecta a la lucrativa comercialización de granos. Justamente en ese mercado, la AFIP acaba de destapar un posible caso de evasión millonaria e involucra a una de las cerealeras más importantes del país.

La maniobra denunciada por los “sabuesos” tuvo lugar al sur de la provincia de Córdoba, donde tiene su sede central la Compañía Argentina de Granos SA (CAG), una megaempresa agrícola-ganadera que centra sus acciones en el acopio de granos para la exportación. Nacida en 1977, con una extensa red compuesta por más de 90 centros de comercialización y 40 plantas distribuidas en 11 provincias, CAG es una de las tantas gemas del emporio comandado por la familia Navilli; un grupo de capitales argentinos que maneja compañías de la envergadura de Molinos Cañuelas, Molinos Florencia y Molinos Adelia, y que incluso posee un puerto propio en la terminal Las Palmas del complejo portuario de Zárate. Se trata de una verdadera constelación de negocios, donde tan sólo la facturación de CAG se estima superior a los 1.000 millones de pesos. Así las cosas, hace tiempo que los Navilli lideran la exportación de harina de trigo en el país.

El 19 de agosto pasado, alrededor de las 7.30 de la mañana, un centenar de funcionarios de la AFIP, junto a agentes de la Policía Federal, realizaron una serie de allanamientos en las localidades cordobesas de Río Cuarto –donde se encuentra una sede comercial de la cerealera–, Del Campillo y Adelia María. Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, a cargo de Carlos Arturo Ochoa, y sirvieron para recolectar información de la administración y de las plantas de acopio.

Según la AFIP, CAG habría liquidado operaciones a nombre de distintas “sociedades fantasma” o de firmas insolventes, que a la hora de exportar los granos le habrían generado un crédito fiscal denunciado como ilegítimo. “Las sociedades investigadas –dicen los sabuesos recaudadores– buscarían ocultar el verdadero origen del cereal, ya sea proveniente de campos propios y/o arrendados o adquirido a productores que venden en negro.” El perjuicio fiscal de la maniobra denunciada radica en que, al momento del embarque, donde se cierra la cadena de comercialización de estos productos, se reintegra al exportador un IVA que, se supone, ya debería estar contenido en el valor mismo de lo exportado. Sin embargo, con un artilugio como el planteado por los inspectores, la AFIP terminaría devolviendo un IVA –a escala millonaria– que en realidad nunca ingresó a las arcas públicas. Un negocio redondo como un poroto.

Los hombres de Echegaray llegaron a las oficinas de CAG después de llevar adelante un operativo similar diez días atrás, en otra firma del sur cordobés: AgroMiranda SA, un intermediario de la localidad de Adelia María que, con cartas de porte también originadas en presuntas empresas ficticias, le habría vendido a la firma de los Navilli.

Como en todo comercio en negro, lo que se intenta es que el producto, en este caso el grano, ingrese al mercado sin ser declarado por su verdadero productor, para no pagar los impuestos del caso. Pero como el cereal no puede circular por las rutas sin cartas de porte, ni mucho menos salir del puerto sin la documentación correspondiente, se recurre a empresas ficticias. Se trata de “prestanombres” que ayudan a blanquear una materia prima que no es propia.

Intermediarios “truchos” en los que se descargan impuestos que al final, por su insolvencia o directamente por inexistencia, nadie termina pagando.

La agencia recaudadora estima que, mediante estas firmas sospechadas, en los últimos dos ejercicios anuales CAG habría liquidado operaciones por más de 300 millones de pesos. Recientemente, el director de la AFIP de Río Cuarto, Gustavo Mingone, sostuvo que “el nivel de evasión del campo es del 40 por ciento. De diez camiones, cuatro presentan irregularidades (...) en las cartas de porte y falta de código de trazabilidad”.

Fiel al estilo poco afecto a la exposición pública impuesto por Aldo Navilli, referente histórico del grupo, la cerealera optó por hacer su descargo mediante un comunicado de prensa, donde aseguró trabajar con empresas “habilitadas” y tener las puertas abiertas para que los inspectores hagan su trabajo de control. “Estas prácticas ilegales perjudican a todo el sector ya que, además de evadir impuestos, generan competencia desleal para todas las empresas que, como CAG, trabaja conforme la ley”, se desentendió la firma.

Los elementos recolectados por la AFIP ya están en poder del juez federal Ochoa. Será tarea de la Justicia aclarar este caso, en medio de un negocio millonario donde abundan el verde de los dólares y el negro de la evasión fiscal.

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