El Argentino // 02-08-09 // La Mazorca de Macri muestra los dientes

El flamante jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, fue presentado en sociedad durante una reunión del gabinete porteño que tuvo lugar el lunes en el Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza. Allí rompió su silencio para referirse a ola de acusaciones que pesan sobre él. Al respecto, dijo:

–La única causa que actualmente tengo es la de la Amia, en la que fui indagado en diciembre de 2008. 

Pronunció esa frase con un dejo casual, sin que se le moviera un solo músculo del rostro. Así se refirió a su vinculación con el acto terrorista más sangriento de la historia argentina. Ya se sabe que el ex comisario de la Federal está en la mira de la Justicia por el presunto encubrimiento en favor del empresario Alberto Kanoore Edul, quien –según el fiscal Alberto Nisman– habría sido un personaje clave en esa trama.

–Tengo la conciencia tranquila, porque no encubrí a nadie –insistió el Fino, antes de dar por concluidas sus declaraciones–.

Detrás de él, unos quince efectivos de la  nueva fuerza policial permanecían inmóviles, en perfecta formación. Por cierto, lucían uniformes adquiridos nada menos que a la firma textil de Kanoore Edul. Vueltas de la vida.

Al día siguiente, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, anunció que el gobierno comunal usará a la Metropolitana para reprimir piquetes. A la vez, salía al cruce de la polémica desatada por la designación de Palacios con las siguientes palabras:

–Ese ya es un tema totalmente perimido.        

Pero a partir de entonces, en contraposición a sus deseos, el escándalo que rodea el inminente lanzamiento a las calles de la ya famosa Mazorca macrista comenzó a crecer como una bola de nieve. Y ello hasta lograría sacudir la cohesión interna del PRO.

Disciplina partidaria. Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, en los pasillos del Ministerio de Seguridad se respiraba un aire enrarecido ante la presunción de que el  cuestionado sabueso figurara en su lista de asesores. Tal rumor era negado una y otra vez por Montenegro y sus voceros. Sin embargo, un cúmulo de indicios señalaba lo contrario. Entre ellos, el elevado número de ex altos oficiales de la Federal afines al Fino que eran convocados para integrar la nueva policía de la Ciudad. En paralelo, fuentes de variado origen –algunas del propio ministerio– deslizaban su influencia en la sombra. Ahora, incluso, se habla de una hipótesis inquietante: Montenegro no habría sido más que la fachada pública de una política controlada y dirigida desde el comienzo por  el Fino, siendo éste –a partir del 10 de diciembre de 2007– el verdadero ministro de Seguridad. Y por añadidura, el padre biológico de la Metropolitana, además de su reclutador. Es probable que semejante puesta en escena, debido al escaso roce de Montenegro con la problemática de la violencia urbana, fuera tolerada por un selecto grupo de funcionarios porteños y dirigentes del PRO. Pero aún así, la designación del Fino los habría sorprendido como al resto de la mortales.
La idea –apuntalada sobre un sólido pacto de silencio– era que otro comisario asumiera la jefatura nominal de aquella fuerza, mientras Palacios seguía ejerciendo su control real desde la invisibilidad.

A tal efecto, ya desde el invierno pasado sonaba el nombre de Norberto Ramis, un antiguo ladero suyo. Lo cierto es que, durante la noche del 29 de junio, en medio de la euforia por el triunfo electoral, Macri blanqueó sus verdaderas intenciones al oído de Gabriela Michetti. El estupor de ella no habría sido menor. Y –según dicen– se lo hizo saber al ex presidente de Boca. Resultado: una ríspida discusión, en la que éste habría calificado nuevamente de Madre Teresa a la diputada electa, entre otras sutilezas discursivas.

A la vez trascendía que el diputado Federico Pinedo tampoco dudó en insinuar su desacuerdo sobre esa decisión, al igual que otros dirigentes de menor peso. Tanto es así, que en las filas del PRO el asunto comenzó a tener un estado deliberativo. Y hasta el propio Montenegro le advirtió a Macri que los pésimos antecedentes del Fino podrían desembocar en una tormenta política.
La respuesta del jefe fue tajante:

-Gordo, a Palacios me lo defendés a como de lugar. 

Y así dio por terminada la cuestión.

“Yo no tengo sospechas de los crímenes que cometió Palacios”, fue uno de los actos fallidos con los que el ministro acató la orden en su penosa visita a la Comisión de Seguridad de la Legislatura.
Y la ex vicejefa de Gobierno se llamaba a silencio. Hace ya cuatro semanas, Miradas al Sur trató de obtener un testimonio suyo al respecto, pero sin éxito. Y, ahora, según su vocera, se encuentra en el exterior y “no va hacer declaraciones hasta septiembre, debido al agotamiento causado por su exposición durante la campaña electoral”.

Al parecer, la directiva del jefe de Gobierno a su tropa habría sido no hacer públicas sus discrepancias al respecto. En ese sentido, Pinedo apeló a una frase algo forzada: “Palacios es un excelente policía y ha dado sobradas pruebas de ser el más idóneo para el cargo”. A la vez, su colega de bancada, Paula Bertol, se expresó con los mismos términos, al igual que el diputado Esteban Bullrich. Es decir, idénticas palabras dichas casi a coro, sin siquiera un leve matiz que las diferencie, como si hubiesen sido escritas por la misma pluma. Consultado por Miradas al Sur sobre esta asombrosa similitud de criterios, Bullrich puso su mejor cara de poker, y dijo:

–Yo no estoy en el día a día de la Ciudad. Y en el bloque eso no se debatió.

A esta altura, es un secreto a voces que la persistencia de Macri por sostener a su comisario preferido haya terminado por abrir un conflicto en las filas partidarias. Y en el frente externo, la tormenta vaticinada por Montenegro ya es un hecho. A todas luces, sus palabras acerca de que “el tema Palacios está superado” tiene cierto asidero de razón: está superado por los acontecimientos, porque la polémica sobre su nombramiento terminó por extenderse hacia otros frentes. Puso al descubierto detalles hasta ahora no divulgados sobre la vida profesional del Fino. Además, reveló irregularidades cometidas en la compra de equipos para la Metropolitana. Y también algunas trapisondas cometidas por el propio ministro en su paso por la justicia federal. Todo ello, matizado por un creciente nivel de repudio ciudadano.

Los huevos de la serpiente. Al momento de su designación, al Fino sólo se le enrostraba su dudoso rol en la investigación por la voladura de la Amia, su papel en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la célebre escucha telefónica en la que le transmitió al traficante de autos robados, Jorge Sagorski, su interés en comprar una camioneta para una excursión de pesca. Por cierto, tales costados flacos del jefe policial ya eran de dominio público. Lo curioso fue que, con el propósito de atenuar esas cuestiones, Montenegro terminó por aportar otros elementos que acentuarían la naturaleza vidriosa del uniformado.

Por caso, exculpó a Palacios por esa llamada con el argumento de que en realidad el autor de la misma había sido el ex subcomisario Carlos Gallone, ahora condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Ello reflotó un episodio ocurrido en el juicio al que éste fue sometido por la llamada Masacre de Fátima (el fusilamiento de 30 rehenes políticos, ocurrido el 20 de agosto de 1976); sucede que el represor trató de impresionar a los integrantes del tribunal enumerando la selecta lista de sus amistades, y entre ellas, descollaba Palacios. “Él era mi subordinado”, precisó Gallone. Ambos, durante la dictadura, prestaron servicios en la temible Superintendencia de Seguridad Federal, como se denominaba el brazo político de la principal agencia policial del país. Gallone era jefe de una de sus brigadas operativas. Al respecto, flota una pregunta: ¿qué tipo de órdenes le impartió en esa época a Palacios? Lo cierto es que los detalles de dicho segmento de su carrera son aún hoy un tema tabú.

No es menos cierto que tal cuestión también puso bajo la lupa al séquito de colaboradores convocados por el Fino para secundarlo en la Metropolitana. Son los siguientes ex comisarios: Ramis (director del Instituto Policial), Osvaldo Chamorro (director Administrativo de la Metropolitana), Eduardo Orueta (director de Seguridad), Miguel Mazzeo (Asuntos Internos), Carlos Mizurelli (Asuntos Externos) y Gustavo Morón (Unidad Auditoría). Era público que todos ellos pasaron a retiro en marzo de 2004, luego de que la escucha telefónica del Fino con Sagorsky precipitara su renuncia. Pero ahora se sabe –tal como lo adelantó Miradas al Sur en su edición del 12 de julio– que todos ellos también dieron sus primeros pasos policiales en la Superintendencia de Seguridad Federal, salvo Orueta, quien durante la dictadura revistió en la poca amigable Guardia de Infantería.

Además, al Fino le saltaron en los últimos días otros dos impedimentos para ejercer el cargo: su vinculación societaria con un par de agencias de vigilancia: Strategic Security Consultancy SRL –creada en 2006 junto con su esposa, Alicia Ares de Palacios– y Arpa, otra agencia creada por él hace ya tres décadas. El asunto es que el policía-empresario deberá compatibilizar la conducción de una fuerza pública con el lucro que le proporciona el negocio de la inseguridad. Y a la vez –así como denunció el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn–, el jefe de la Metropolitana estaría cobrando el sueldo que le otorga el gobierno porteño (unos 20 mil pesos) junto con su retiro de la Federal (unos 8 mil). Ello, claro, violaría una ley nacional.

Luego de que Montenegro defendiera a capa y espada la actuación del Fino en el caso Amia –centrada en el encubrimiento en favor del sospechoso Kanoore Edul– tomó estado público un detalle algo incómodo para él: tres resoluciones suyas firmadas entre el 30 abril de 2008 y el pasado 9 de enero, por la cual el ministerio adquirió uniformes por 97 mil pesos, sweters por 61 mil y otros accesorios de indumentaria nada menos que a la empresa Texicorp, de Kaanore Edul. Además de una coincidencia tan poco elegante, en dichas adquisiciones se omitieron todos los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado.

En paralelo, la legisladora Liliana Parada (Igualdad Social) denunció que Montenegro adquirió armas a través de un modo no menos irregular. Se trata de una partida de 80 pistolas Beretta PX4 Storm. Según los dichos de Parada, por esa operación “se pagó la friolera de cuatro millones de pesos a través de una compra directa, sustentada en la urgencia de que la Policía Metropolitana empezará a funcionar en octubre, cuando en realidad tuvieron un año desde que se aprobó la ley que autoriza la creación de esa fuerza, lapso en el que, incluso, se pudo hacer una licitación internacional”.

Lo cierto es que, con el correr de los días, la figura de Montenegro comienza a opacarse a medida en que afloran detalles sobre su añeja relación con Palacios. De acuerdo con lo que manifestó en su visita a la Comisión de Seguridad de la Legislatura, él habría conocido al comisario dos décadas atrás, cuando se desempeñaba en un juzgado de Morón. En la década siguiente, ambos fortalecerían esa amistad cuando Palacios trabajó con el actual ministro –que era fiscal– en algunos tramos de la causa Amia. Los mismos fueron señalados como irregulares por la Corte Suprema, como la coacción a testigos y sus filmaciones clandestinas. Al respecto, Alejandro Rúa –que desde el Ministerio de Justicia investigó el caso Amia– mencionó taxativamente el nombre de Montenegro por su responsabilidad en algunas maniobras de aquella poco ortodoxa pesquisa. Por caso, se comprobó que en el despacho de Montenegro la Side había montado en forma permanente un equipo de video para efectuar filmaciones clandestinas. Dicen que Montenegro podría haber sido procesado por ello; no obstante, fue promovido a juez federal. Una de sus últimas resoluciones como tal, a pocas semanas de asumir en el Ministerio, fue  archivar –así como reveló el diario Buenos Aires Económico en su edición del 16 de julio– una causa penal en la que estaba implicado el magnate de la construcción Ángelo Calcaterra, casualmente primo de Mauricio.

La semana pasada, el ministro echó más combustible al incendio al anunciar que la Metropolitana reprimirá las protestas sociales. “Haremos cumplir las órdenes judiciales para desalojar los piquetes en las calles”, fueron sus palabras. Ello, antes de que su fuerza policial copara las calles, le valió una multitudinaria marcha en la que unas 20 mil personas –agrupadas en 40 organizaciones barriales, gremios y partidos de izquierda– paralizaron el centro durante la tarde del jueves.

Todo indica que la cabeza de Montenegro es el precio que Macri deberá pagar a cambio de sostener a Palacios. Prueba de ello es que su nombre ya suena como posible candidato para suceder al juez Julio Maier en el Triubunal Superior de Justicia.

Tal vez en el futuro, en comparación con la Metropolitana, la Bonaerense sólo sea una bulliciosa estudiantina.