Ventitres // 20-05-10 // Hasta el cuello

Más pruebas comprometen al intendente porteño. Tras su procesamiento, una nueva pista complica al jefe Pro: sus vínculos con el poder político y judicial de Misiones. El rol de su asesor de campaña. La amenaza de juicio político.

Por Carlos Romero

Como otras tantas localidades misioneras, Apóstoles fue fundada por los jesuitas, a mediados del siglo XVII. Famosos por su tarea evangelizadora, los miembros de la orden también eran conocidos por sus intrigas. En tiempos en que no existían micrófonos ocultos ni teléfonos intervenidos, muchos monjes manejaban al dedillo el fino arte del espionaje. Hoy, a más de 200 años de la expulsión de los jesuitas, Misiones sigue siendo tierra fértil para los espías. En esa provincia nacen y desembocan todas las líneas de investigación del escándalo de las escuchas telefónicas, y es allí también donde radican los mayores temores del gran protagonista de este affaire político-judicial, el procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, quien alguna vez supo tener domicilio en la Apóstoles de los jesuitas.

En el detalle de esa asociación ilícita, de ese “aparato paraestatal de espionaje de dimensiones (...) desconocidas”, como definió la Cámara Federal de Apelaciones, abundan los contactos entre el mandamás del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el poder político, judicial y policial que hace años rige los destinos de Misiones. Esa es la piedra basal sobre la que el juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento de Macri y de varios de sus ex funcionarios por considerarlos miembros de una asociación ilícita dedicada a violar las comunicaciones de personas sobre las que el ex presidente de Boca Juniors podía tener un interés especial: su cuñado Daniel Leonardo, esposo de su hermana Sandra Macri y “oveja negra” del clan, y Sergio Burstein, de la Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, principal impulsor del rechazo de un sector de la comunidad judía a la designación del ex comisario Jorge “Fino” Palacios en la Policía Metropolitana.

Para escuchar a Leonardo y a Burstein, según la postura de Oyarbide, Macri se habría valido de un andamiaje del que Palacios y el espía Ciro Gerardo James eran la pata porteña pero que sólo podía funcionar con el aporte de la pata misionera. Esta, según el fallo del juez, estaría integrada por funcionarios de primera línea del Poder Judicial de Posadas y un grupo de agentes de la policía provincial. Con todos ellos “trabajaron” James y su jefe Palacios, que ya antes habían desempeñado funciones en suelo misionero y que ahora matan las horas en el penal de Marcos Paz.
Mientras tanto, encaprichado y acorralado por los fantasmas parlamentarios del juicio político y la destitución, Macri insiste en que “nada tiene que ver con nada”. Y sin embargo, tanto en la Capital Federal como en Misiones, la realidad se empeña en demostrar que, muy por el contrario, todo tiene que ver con todo. A continuación, esa trama de intimidades políticas, judiciales y comerciales que hoy Macri preferiría sepultar bajo tierra colorada.

Hijo y padre. A principios de marzo de este año, el jefe de gobierno porteño tomó una decisión que sorprendió a varios de sus hombres en el Pro: nombró como jefe de campaña de cara a 2011 a Humberto Schiavoni –“Humbertito”, para los íntimos–, presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, uno de los tantos entes autárquicos por los que el Ejecutivo de la ciudad canaliza fondos millonarios para “agilizar” la gestión. Schiavoni es misionero y conoce a Macri desde 1992, cuando los presentó quien por entonces era el referente político de ambos: el ex gobernador Ramón Puerta, con quien el ingeniero dio sus primeros pasos fuera del mundo empresarial. La historia cuenta que fue por sugerencia de Puerta que Macri radicó domicilio en Apóstoles –donde el ex gobernador tiene una de sus estancias– con el sueño de luchar por una banca como senador nacional.

Por ese entonces, Schiavoni era un polifuncionario misionero que, entre otras cosas, llevó adelante el proceso de privatizaciones en su provincia. Macri, por su parte, buscaba un lugar lejos de la égida de su padre Franco. En medio de la crisis de 2001, Schiavoni fue jefe de Gabinete del breve presidente Puerta y ya con Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, quedó al frente del ente binacional Yacyretá, donde  IECSA, constructora que por entonces era parte de Socma, el holding macrista, fue beneficiada con la adjudicación de importantes obras. En 2003, IECSA también ganó una licitación millonaria en la capital misionera, para la construcción de la Avenida Costanera. La obra, valuada en 9,3 millones de pesos, fue objeto de sonadas denuncias por supuestos sobreprecios.

El Schiavoni que arma para Macri 2011 es hijo de Humberto Augusto Schiavoni, ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Misiones, donde fue nombrado con el apoyo de Puerta. Schiavoni padre también tuvo su rol en el escándalo de las escuchas: integró el jury que terminó por destituir a los jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo, también designados en tiempos de Puerta y procesados como miembros de la misma asociación ilícita que involucra a Macri por estar a cargo de los expedientes que impulsaban las escuchas. Sin embargo, pese a la avalancha de evidencias sobre el mal desempeño de los dos magistrados, Schiavoni votó en contra de la remoción.
Para Oyarbide, “si bien la actuación de los restantes integrantes del consorcio criminal resultaba importante para la concreción de las maniobras ilícitas (...), esas conductas de nada hubieran servido sin la indispensable actuación de los ex jueces”.

Por la misma época en que Schiavoni padre era nombrado en el STJ, los negocios de los Macri florecían en la Misiones gobernada por Puerta. A mediados de los ’90, con bombos y platillos se inauguró, entre las ciudades de Campo Viera y Gobernador Roca, la planta maderera Agromadera S.A., propiedad de Jorge Macri, que por entonces era “el primo de Mauricio” a secas. Lejos estaban las aspiraciones políticas del Macri bonaerense. En la apertura del aserradero participaron el propio gobernador y Franco Macri. Pero la historia terminó mal, al menos para los empleados de la maderera, que con el paso del tiempo fueron sumando problemas con los pagos, tanto de sueldos como de aportes sociales. “Paulatinamente iba dejando de producir y este año se frenó por completo”, explica a Veintitrés Lino Fornerón, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas y diputado provincial por el Frente Renovador de la Concordia. Fornerón agrega que las indemnizaciones se pagaron en “cómodas cuotas” y, en general, al 50 por ciento. “Desde el principio, hubo enfrentamiento con el señor Jorge Macri por el encuadramiento, porque registraron a los empleados como personal rural, cuando tenían que estar en el convenio de la industria de la madera”, relata el sindicalista y diputado, que recuerda que, con cada cruce, “la patronal despedía gente”.

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