Veintitres // 23-10-09 // Se viene artillería pesada

por Marcelo Zlotogwiazda
 
El campo se rebeló cuando se anunció la Resolución 125 de aumento de las retenciones. Las AFJP pusieron el grito en el cielo con la estatización del sistema previsional. Y lo mismo hicieron las corporaciones periodísticas afectadas cuando quedó en evidencia que la llamada Ley de Medios esta vez iba en serio. Lo que ahora viene es la reacción de la patria financiera a los proyectos que pronto serán tratados en el Congreso para gravar a las rentas financieras, y quizá también a las ganancias de capital, con el fin de cubrir una mayor cobertura asistencial para la niñez.

Aunque todavía hay muy poca precisión sobre la iniciativa oficial, la resistencia ya comenzó a través de los medios representativos de la City. Ámbito Financiero asustó el lunes pasado con que cobrarles impuesto a las Ganancias a los depósitos “actuaría como un incentivo directo a los ahorristas a fugarse al dólar”. Cuestionó además el eventual gravamen a los dividendos de acciones como “una doble imposición, al gravar dividendos de la propia empresa y luego en cabeza del tenedor de acciones”. Y se encargó de señalar que “ya se han lanzado algunas advertencias: por ejemplo, se recordó que gravar la renta de los títulos públicos podría acarrear que el impuesto se traslade inmediatamente a la tasa que exigiría el mercado, con lo cual el efecto recaudatorio sería neutro”.

El Cronista Comercial también ya hizo sus primeros aportes a la campaña. En una nota titulada “El impuesto a la renta financiera puede esperar”, afirma que “son numerosas las voces que señalan lo poco conveniente de esta aplicación... que conspiraría contra el crecimiento del mercado de capitales doméstico, un sector financiero que todavía busca consolidarse con fondeo a mediano y largo plazo... (y) redundaría en un desincentivo a que se deje de ahorrar en moneda extranjera”.
Esto es apenas el principio de la reacción, que seguramente irá creciendo a medida que avancen los proyectos y tal vez termine siendo tan furiosa como lo fue la del sector agropecuario y la de los oligopolios periodísticos. Se vislumbra un debate intenso.

También va a ser interesante observar los alineamientos que habrá en los distintos bloques opositores, teniendo en cuenta que las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria han enarbolado propuestas que tienen la misma orientación que las que el Gobierno va a presentar como propias en lo que respecta a la eliminación de las exenciones vigentes.

Pero hay diferencias no menores en el enfoque asistencial, que ya han dado lugar a las primeras críticas a lo que trascendió del proyecto oficial. Lo que hasta ahora se sabe es la intención de extender el salario familiar a los 2,7 millones de niños que no tienen ninguna cobertura social, y de reemplazar con esa misma asignación el beneficio que otorga el Plan Familias a 2 millones de niños. Los primeros borradores fueron elaborados con un salario familiar de 135 pesos, lo que arrojaba un mayor gasto neto de 7.000 millones de pesos anuales. Con el nuevo monto de 180 pesos anunciado el lunes con vigencia a partir de octubre, el programa insumiría 2.500 millones de pesos más.

El rechazo partió de las dos fuerzas que históricamente propician un ingreso universal para la niñez como eje de la política asistencial. Cada uno con su estilo, Elisa Carrió como líder de la Coalición Cívica y Claudio Lozano como diputado de la CTA, insistieron con esa idea como manera de evitar el clientelismo de los planes focalizados.

La respuesta provino de la diputada Juliana Di Tullio, integrante del grupo al que el jefe de bloque Agustín Rossi le encomendó el tema. Según ella, con el proyecto quedarían cubiertos todos los niños menores de 18 años, es decir que se lograría la universalidad que se reclama y perdería fuerza la crítica correspondiente.

Pero aunque la suma de los distintos planes dé como resultado una cobertura completa, seguirá habiendo objeciones apuntadas al manejo discrecional.

Inesperadamente, un rato antes de que el titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, recibiera el martes a Carrió y al presidente del radicalismo, Gerardo Morales, la Iglesia dio a conocer su propio proyecto de asistencia a los pobres, que se parece bastante a lo que está elaborando el oficialismo. El denominado Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez (Ingreso BIEN) plantea extender el salario familiar de 180 pesos a todos los menores de 18 años, que se cobraría a través de una tarjeta en el marco de un sistema administrado por la ANSeS. Donde la Iglesia no se mete es en la manera de financiar el plan, o sea en el aspecto más conflictivo del tema.

Retomando el debate que inexorablemente se dará en el Congreso, habrá que ver si lo que prevalece es la diferencia en la concepción de la política asistencial, las coincidencias en las modificaciones impositivas, o una solución intermedia de acuerdos parciales.

De esas tres alternativas, las dos últimas asegurarían un punto final legislativo a privilegios que el sistema tributario arrastra hace décadas bajo la forma de exenciones al pago de Ganancias que favorecen mayoritariamente a personas de alto poder adquisitivo. Tal como se informó en este espacio un par de semanas atrás, en el proyecto de Presupuesto que ya tiene media sanción en Diputados figura que por las exenciones que gozan los intereses de Títulos Públicos, depósitos a plazo y Obligaciones Negociables, el Estado deja de recaudar 4.700 millones de pesos.
No son esas las únicas fuentes de financiamiento que están en estudio. Consta que en el Ministerio de Economía también están evaluando gravar con Ganancias los dividendos de acciones, los resultados de la compraventa de acciones y títulos públicos, elevar la alícuota máxima de ese impuesto, y restablecer el impuesto a la herencia.

Cualquiera sea el menú que en definitiva se impulse para solventar el programa asistencial, la artillería en contra que desplegará el sector financiero va a ser pesada.

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