Revista Debate // 06-09-09 // Bajo fuego cruzado
Por Néstor Leone La trama de intereses y presiones detrás del debate parlamentario sobre la nueva ley de medios propuesta por el oficialismo
El debate ya está instalado, a pesar de las objeciones sistemáticas, los recaudos oportunos y las peticiones interesadas en postergarlo indefinidamente. El Ejecutivo envió al Congreso, luego de varios amagues, el proyecto de ley para modificar la normativa que rige la actividad audiovisual y, desde entonces, se hace difícil abstraerse del fuego cruzado. El carácter ciertamente antimonopólico y progresista de la iniciativa oficial y el cambio profundo en el mapa de medios que su puesta en práctica implica, acentuaron la andanada de críticas y pasiones encontradas, tanto como los antecedentes erráticos del Gobierno en la materia. De modo que es común encontrar, por estos días, declaraciones altisonantes (a veces, con evidente falta de información), lobbys de los más variados y dosis diversas de mala fe, que retroalimentan los conflictos de intereses creados, desnudan el entramado complejo de poder que está en juego y predicen una seguidilla de semanas a todo fragor.
Razones son las que sobran para dejar sin efecto el decreto-ley de setiembre de 1980; en su gran mayoría, difíciles de rebatir. Por un lado, fue promulgada durante un gobierno de facto y, por lo tanto, su reemplazo constituye una deuda histórica de la democracia. Las firmas a pie de página de Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy dan testimonio de esa situación, por si alguna duda cabe. Por el otro, la brecha enorme que separa la realidad de entonces con la de nuestros días se convierte en otro elemento imposible de soslayar. Los cambios tecnológicos, con el fin de la era analógica a nuestras espaldas y el comienzo irrefrenable de la era digital, dejan poco margen para ceñirse a una regla vetusta y anacrónica por donde se la mire; más aun, si de medios de comunicación se trata. De hecho, la mayoría de las empresas funcionan hoy infringiendo alguna norma o, directamente, fuera del marco legal.
Las modificaciones y enmiendas (más de un centenar) que sufrió la ley en casi tres décadas de democracia tampoco contribuyeron a convertirla en una normativa adecuada para una sociedad distinta de aquélla y con otras demandas. Más bien, lo contrario. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estos verdaderos parches (muchas veces obtenidos sobre la base de negociaciones poco claras) profundizaron su espíritu original, permitieron la concentración de los medios en pocas manos y restringieron el surgimiento de voces alternativas. Sólo una normativa excesivamente laxa, proclive a los poderes fácticos, y una actitud complaciente de los gobiernos de turno (de Alfonsín a Kirchner) hicieron posible este mapa mediático de hoy, con siete grupos económicos que ostentan 360 licencias y la gran tajada del negocio; y con uno de ellos (el Grupo Clarín), con una posición abusivamente dominante.
CAMBIOS Y CRÍTICAS
Contrariamente a lo que quieren instalar las empresas más irascibles con los cambios y los referentes de la oposición que se plegaron a ellas sin rubor, la iniciativa que ingresó en el Congreso en estos días no surgió de manera unilateral del Gobierno o de los Kirchner. La impronta filosófica y su factura jurídica tienen una larga historia detrás, con organizaciones no gubernamentales, medios alternativos, universidades públicas y distintos protagonistas de la cultura como protagonistas necesarios. Entre ellos, claro, el actual interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, quien en distintos ámbitos militó por un cambio de estas características. La experiencia de la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia, que aglutina a buena parte de aquellos actores y que, en 2004, redactó una iniciativa de 21 puntos sobre los cuales se basa el proyecto, es un ejemplo de este proceso de formulación mucho más complejo. Lo mismo, la experiencia acumulada en decenas de proyectos presentados desde 1983 (buena parte de ellos, de origen radical), incorporada en el proyecto, o los foros públicos que acompañaron durante meses su discusión en buena parte del país, y que permitieron otras modificaciones al borrador original.
Lo que sí deja margen para los reparos es que el debate de un proyecto de importancia trascendental se inscriba dentro del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que ya tiene más de un año de existencia y que amenaza con agudizarse. De ahí algunos señalamientos explícitos y de ahí, también, ciertas pujas veladas. Parte de las críticas al proyecto, verbalizadas en otro sentido, quizá tengan a este elemento como principal explicación posible. Por ejemplo, la discusión de tinte formal que se estableció hace unos días sobre si este Congreso tenía “legitimidad suficiente” para tratar el proyecto luego del resultado electoral del 28 de junio.
Las críticas de contenido, en tanto, son varias y de distinto tenor, pero pueden agruparse en tres ejes fundamentales. Por un lado, refieren a la autoridad de aplicación y control que tendrá la ley. El proyecto propone que esté compuesto por tres representantes del Ejecutivo y dos de la segunda y tercera minorías parlamentarias. Desde la oposición señalan que esto implicaría una mayoría automática en favor del oficialismo. Este punto, según pudo saber Debate, sería uno de los que el Gobierno estaría dispuesto a negociar. Por lo pronto, ya fue apuntada una sugerencia de Proyecto Sur, que propone un cuerpo colegiado mucho más amplio y con diversa representación social.
El segundo punto en torno del cual giran las críticas se relaciona con el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual, cosa que tienen vedada de forma expresa por la normativa vigente. La principal objeción con respecto a ese tema es que, al ser estas empresas dueñas de redes ya existentes que llegan a casi todos los hogares del país, tendrían una ventaja inicial muy fuerte respecto del resto de sus potenciales competidores. Desde el Gobierno apuntan que las telefónicas tendrán dos restricciones que, en cierta forma, mitigarían esta situación: deberán crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y que puedan hacer abuso de esa capacidad instalada, y deberán respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 30 por ciento de estas empresas. Esto, en principio, afectaría tanto a Telefónica, que es española, como a Telecom, de capitales italianos; por lo menos, hasta que esta última no termine su proceso de “argentinización” en ciernes.
El tercer eje de cuestionamientos pasa por la renovación y revisión de las licencias. En este punto el proyecto de ley es claro. Las licencias serán por diez años, con opción de prórroga por una década más, a diferencia del marco vigente, que fija la extensión en 15 años con alternativa de prórroga por otros diez. En cuanto a su revisión, a diferencia del fantasma que se azuza desde la oposición, será de dos años, pero reducida a una cuestión meramente técnica, relacionada con los nuevos horizontes que abrirá la digitalización, y no con la potestad de revocar concesiones. “Jamás se habló de revisar las licencias cada dos años. Lo que se revisa es el espectro en función de nuevas potencialidades”, repitió Mariotto, una y otra vez, durante estos días.
CABLE Y TV ABIERTA
Lo que sí se hace difícil cuestionar es el fuerte carácter antimonopólico de la iniciativa. El proyecto marca incompatibilidades entre la propiedad de un canal de TV abierta y una compañía de TV por cable en una misma zona de influencia; y entre la titularidad de un cable y las productoras de sus contenidos. Además, fija un tope de 35 por ciento de cuota de mercado para los cableoperadores y en diez las licencias máximas de radio y TV. En este marco, también, se divide el espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONG y estatales. Sobre este punto en particular, la crítica advierte sobre la posible arbitrariedad que puede darse en la cesión de licencias a “organizaciones amigas”, como lo ha definido la oposición, cuestión que, de ninguna manera, puede invalidar el espíritu de la medida en sí misma.
El conteo de los votos
El proyecto fue presentado el 27 de agosto en Casa Rosada, y ya está en discusión en varias comisiones de Diputados: en la de Asuntos Constitucionales, de Comunicación y de Presupuesto, a la que se sumó la de Libertad de Expresión, por exigencia expresa de la oposición. Se sabe: ésta última está presidida por Silvana Giudici, de la UCR, una de las más duras opositoras al proyecto. De estas comisiones tiene que salir el dictamen de mayoría para que se discuta en el recinto. Desde la jefatura de la bancada oficial piensan que esto puede darse a fines de setiembre o principios de octubre. Pero todavía no aventuran cálculos para la discusión en el Senado, donde sería más dura para el oficialismo.
Según pudo saber Debate, el oficialismo no tendría grandes dificultades en Diputados. A los integrantes del Frente para la Victoria, que se sumarían en su mayoría, se agregaría un número todavía indefinido de aliados. Por lo pronto, ya los bloques de Solidaridad e Igualdad y del Encuentro Popular y Social mostraron su simpatía por el grueso del proyecto, con críticas parciales y voluntad de negociación. En tanto, Proyecto Sur y algunos espacios unipersonales, como el de Miguel Bonasso, presentarán proyectos alternativos, pero dejaron abierta la posibilidad de votar en general el texto del oficialismo, si se tienen en cuenta algunas de sus puntualizaciones.
En la oposición, el núcleo más duro es el que encabezan la UCR, el cobismo, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo disidente. Entre estos sectores manejan la posibilidad de llegar a un acuerdo para “resistir el proyecto oficial” y no dar quórum. No obstante, hay algunos espacios opositores más abiertos a dar el debate. Por ejemplo, los seguidores de Margarita Stolbizer y los socialistas de Hermes Binner.
Norma japonesa y geopolítica
La decisión estaba tomada desde hace rato. Setiembre de 2008, por lo menos, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Brasilia, en su primera cumbre bilateral con Lula. Pero se dio a conocer formalmente en la última reunión de la Unasur, en Bariloche.
La Argentina confirmó que el sistema que utilizará para ingresar en la era digital será el Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T), más conocida como “la norma japonesa”, por su origen. De esta forma, el país se acopla a la decisión ya tomada por Brasil hace unos años y desecha el sistema ofrecido por Europa, que tenía a España como principal impulsor en la región y a las empresas telefónicas como lobbystas, y el sistema estadounidense, impulsado aquí por el Grupo Clarín.
Más allá de las diferencias e implicancias tecnológicas de cada norma (con beneficios y perjuicios similares, según los especialistas), el mayor impacto de la medida tiene fuerte componentes geopolíticos. En la región parece haber un acuerdo implícito para que sea la norma japonesa la elegida. Brasil ya está a la vanguardia, con plantas instaladas en Manaos para fabricar los televisores y decodificadores necesarios, mientras que Perú también tomó la decisión en el mismo sentido. A su vez, es casi un hecho que Venezuela y Ecuador se van a sumar en breve a la reciente opción argentina, y que también Chile se sumará a esta entente. Esta situación permitirá generar mercados con mayor escala, y hará más atractiva la producción y comercialización de equipos y tecnología entre los países de la región.
El debate ya está instalado, a pesar de las objeciones sistemáticas, los recaudos oportunos y las peticiones interesadas en postergarlo indefinidamente. El Ejecutivo envió al Congreso, luego de varios amagues, el proyecto de ley para modificar la normativa que rige la actividad audiovisual y, desde entonces, se hace difícil abstraerse del fuego cruzado. El carácter ciertamente antimonopólico y progresista de la iniciativa oficial y el cambio profundo en el mapa de medios que su puesta en práctica implica, acentuaron la andanada de críticas y pasiones encontradas, tanto como los antecedentes erráticos del Gobierno en la materia. De modo que es común encontrar, por estos días, declaraciones altisonantes (a veces, con evidente falta de información), lobbys de los más variados y dosis diversas de mala fe, que retroalimentan los conflictos de intereses creados, desnudan el entramado complejo de poder que está en juego y predicen una seguidilla de semanas a todo fragor.
Razones son las que sobran para dejar sin efecto el decreto-ley de setiembre de 1980; en su gran mayoría, difíciles de rebatir. Por un lado, fue promulgada durante un gobierno de facto y, por lo tanto, su reemplazo constituye una deuda histórica de la democracia. Las firmas a pie de página de Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy dan testimonio de esa situación, por si alguna duda cabe. Por el otro, la brecha enorme que separa la realidad de entonces con la de nuestros días se convierte en otro elemento imposible de soslayar. Los cambios tecnológicos, con el fin de la era analógica a nuestras espaldas y el comienzo irrefrenable de la era digital, dejan poco margen para ceñirse a una regla vetusta y anacrónica por donde se la mire; más aun, si de medios de comunicación se trata. De hecho, la mayoría de las empresas funcionan hoy infringiendo alguna norma o, directamente, fuera del marco legal.
Las modificaciones y enmiendas (más de un centenar) que sufrió la ley en casi tres décadas de democracia tampoco contribuyeron a convertirla en una normativa adecuada para una sociedad distinta de aquélla y con otras demandas. Más bien, lo contrario. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estos verdaderos parches (muchas veces obtenidos sobre la base de negociaciones poco claras) profundizaron su espíritu original, permitieron la concentración de los medios en pocas manos y restringieron el surgimiento de voces alternativas. Sólo una normativa excesivamente laxa, proclive a los poderes fácticos, y una actitud complaciente de los gobiernos de turno (de Alfonsín a Kirchner) hicieron posible este mapa mediático de hoy, con siete grupos económicos que ostentan 360 licencias y la gran tajada del negocio; y con uno de ellos (el Grupo Clarín), con una posición abusivamente dominante.
CAMBIOS Y CRÍTICAS
Contrariamente a lo que quieren instalar las empresas más irascibles con los cambios y los referentes de la oposición que se plegaron a ellas sin rubor, la iniciativa que ingresó en el Congreso en estos días no surgió de manera unilateral del Gobierno o de los Kirchner. La impronta filosófica y su factura jurídica tienen una larga historia detrás, con organizaciones no gubernamentales, medios alternativos, universidades públicas y distintos protagonistas de la cultura como protagonistas necesarios. Entre ellos, claro, el actual interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, quien en distintos ámbitos militó por un cambio de estas características. La experiencia de la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia, que aglutina a buena parte de aquellos actores y que, en 2004, redactó una iniciativa de 21 puntos sobre los cuales se basa el proyecto, es un ejemplo de este proceso de formulación mucho más complejo. Lo mismo, la experiencia acumulada en decenas de proyectos presentados desde 1983 (buena parte de ellos, de origen radical), incorporada en el proyecto, o los foros públicos que acompañaron durante meses su discusión en buena parte del país, y que permitieron otras modificaciones al borrador original.
Lo que sí deja margen para los reparos es que el debate de un proyecto de importancia trascendental se inscriba dentro del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que ya tiene más de un año de existencia y que amenaza con agudizarse. De ahí algunos señalamientos explícitos y de ahí, también, ciertas pujas veladas. Parte de las críticas al proyecto, verbalizadas en otro sentido, quizá tengan a este elemento como principal explicación posible. Por ejemplo, la discusión de tinte formal que se estableció hace unos días sobre si este Congreso tenía “legitimidad suficiente” para tratar el proyecto luego del resultado electoral del 28 de junio.
Las críticas de contenido, en tanto, son varias y de distinto tenor, pero pueden agruparse en tres ejes fundamentales. Por un lado, refieren a la autoridad de aplicación y control que tendrá la ley. El proyecto propone que esté compuesto por tres representantes del Ejecutivo y dos de la segunda y tercera minorías parlamentarias. Desde la oposición señalan que esto implicaría una mayoría automática en favor del oficialismo. Este punto, según pudo saber Debate, sería uno de los que el Gobierno estaría dispuesto a negociar. Por lo pronto, ya fue apuntada una sugerencia de Proyecto Sur, que propone un cuerpo colegiado mucho más amplio y con diversa representación social.
El segundo punto en torno del cual giran las críticas se relaciona con el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual, cosa que tienen vedada de forma expresa por la normativa vigente. La principal objeción con respecto a ese tema es que, al ser estas empresas dueñas de redes ya existentes que llegan a casi todos los hogares del país, tendrían una ventaja inicial muy fuerte respecto del resto de sus potenciales competidores. Desde el Gobierno apuntan que las telefónicas tendrán dos restricciones que, en cierta forma, mitigarían esta situación: deberán crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y que puedan hacer abuso de esa capacidad instalada, y deberán respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 30 por ciento de estas empresas. Esto, en principio, afectaría tanto a Telefónica, que es española, como a Telecom, de capitales italianos; por lo menos, hasta que esta última no termine su proceso de “argentinización” en ciernes.
El tercer eje de cuestionamientos pasa por la renovación y revisión de las licencias. En este punto el proyecto de ley es claro. Las licencias serán por diez años, con opción de prórroga por una década más, a diferencia del marco vigente, que fija la extensión en 15 años con alternativa de prórroga por otros diez. En cuanto a su revisión, a diferencia del fantasma que se azuza desde la oposición, será de dos años, pero reducida a una cuestión meramente técnica, relacionada con los nuevos horizontes que abrirá la digitalización, y no con la potestad de revocar concesiones. “Jamás se habló de revisar las licencias cada dos años. Lo que se revisa es el espectro en función de nuevas potencialidades”, repitió Mariotto, una y otra vez, durante estos días.
CABLE Y TV ABIERTA
Lo que sí se hace difícil cuestionar es el fuerte carácter antimonopólico de la iniciativa. El proyecto marca incompatibilidades entre la propiedad de un canal de TV abierta y una compañía de TV por cable en una misma zona de influencia; y entre la titularidad de un cable y las productoras de sus contenidos. Además, fija un tope de 35 por ciento de cuota de mercado para los cableoperadores y en diez las licencias máximas de radio y TV. En este marco, también, se divide el espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONG y estatales. Sobre este punto en particular, la crítica advierte sobre la posible arbitrariedad que puede darse en la cesión de licencias a “organizaciones amigas”, como lo ha definido la oposición, cuestión que, de ninguna manera, puede invalidar el espíritu de la medida en sí misma.
El conteo de los votos
El proyecto fue presentado el 27 de agosto en Casa Rosada, y ya está en discusión en varias comisiones de Diputados: en la de Asuntos Constitucionales, de Comunicación y de Presupuesto, a la que se sumó la de Libertad de Expresión, por exigencia expresa de la oposición. Se sabe: ésta última está presidida por Silvana Giudici, de la UCR, una de las más duras opositoras al proyecto. De estas comisiones tiene que salir el dictamen de mayoría para que se discuta en el recinto. Desde la jefatura de la bancada oficial piensan que esto puede darse a fines de setiembre o principios de octubre. Pero todavía no aventuran cálculos para la discusión en el Senado, donde sería más dura para el oficialismo.
Según pudo saber Debate, el oficialismo no tendría grandes dificultades en Diputados. A los integrantes del Frente para la Victoria, que se sumarían en su mayoría, se agregaría un número todavía indefinido de aliados. Por lo pronto, ya los bloques de Solidaridad e Igualdad y del Encuentro Popular y Social mostraron su simpatía por el grueso del proyecto, con críticas parciales y voluntad de negociación. En tanto, Proyecto Sur y algunos espacios unipersonales, como el de Miguel Bonasso, presentarán proyectos alternativos, pero dejaron abierta la posibilidad de votar en general el texto del oficialismo, si se tienen en cuenta algunas de sus puntualizaciones.
En la oposición, el núcleo más duro es el que encabezan la UCR, el cobismo, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo disidente. Entre estos sectores manejan la posibilidad de llegar a un acuerdo para “resistir el proyecto oficial” y no dar quórum. No obstante, hay algunos espacios opositores más abiertos a dar el debate. Por ejemplo, los seguidores de Margarita Stolbizer y los socialistas de Hermes Binner.
Norma japonesa y geopolítica
La decisión estaba tomada desde hace rato. Setiembre de 2008, por lo menos, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Brasilia, en su primera cumbre bilateral con Lula. Pero se dio a conocer formalmente en la última reunión de la Unasur, en Bariloche.
La Argentina confirmó que el sistema que utilizará para ingresar en la era digital será el Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T), más conocida como “la norma japonesa”, por su origen. De esta forma, el país se acopla a la decisión ya tomada por Brasil hace unos años y desecha el sistema ofrecido por Europa, que tenía a España como principal impulsor en la región y a las empresas telefónicas como lobbystas, y el sistema estadounidense, impulsado aquí por el Grupo Clarín.
Más allá de las diferencias e implicancias tecnológicas de cada norma (con beneficios y perjuicios similares, según los especialistas), el mayor impacto de la medida tiene fuerte componentes geopolíticos. En la región parece haber un acuerdo implícito para que sea la norma japonesa la elegida. Brasil ya está a la vanguardia, con plantas instaladas en Manaos para fabricar los televisores y decodificadores necesarios, mientras que Perú también tomó la decisión en el mismo sentido. A su vez, es casi un hecho que Venezuela y Ecuador se van a sumar en breve a la reciente opción argentina, y que también Chile se sumará a esta entente. Esta situación permitirá generar mercados con mayor escala, y hará más atractiva la producción y comercialización de equipos y tecnología entre los países de la región.
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