Veintitres // 25-06-09 // Nunca más
25-06-2009 / Por qué, vote a quien se vote, no hay que apoyar a los candidatos que proponen la vuelta a la década en la que el libre mercado era palabra santa y reinaban la desocupación y el saqueo del Estado.
No estaría equivocado aquel analista político que, con una mirada objetiva sobre la realidad, definiera como esquizofrénicas algunas declaraciones de la actualidad. “¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas? La reprivatizaría”, dijo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, la última semana, y agregó a la lista el sistema de jubilaciones y pensiones y la empresa estatal de aguas, AySA. Francisco De Narváez, el principal candidato a diputado nacional de su espacio político –Unión-Pro– en la provincia de Buenos Aires, lo apoyó, primero, y desdibujó, apenas días después. “Estoy totalmente en concordancia con lo que dijo Mauricio de que la reestatización de Aerolíneas es un enorme error”, declaró el Colorado. Pero, a cuatro días de las elecciones disparó: “No tengo una posición en términos de que las empresas de servicios públicos tienen que ser privadas o estatales. (...) Esencialmente, deberían ser estatales las que brindan los servicios públicos. El agua, la distribución de la energía, indudablemente la del transporte”. La contradicción del empresario resultó similar a la del ingeniero, si se tiene en cuenta una experiencia que Mauricio conoció de cerca: su padre, Francisco, administró al Correo Argentino, una empresa que durante el menemismo acumuló una deuda de 740 millones de dólares y a la que licuó a través del Estado antes de la crisis de 2001.
Sin embargo, las declaraciones de Macri y De Narváez son apenas la corteza de un modelo que, en lo profundo, ambos defienden. Y que mira con nostalgia una década marcada por el individualismo y la entrega del país: los años noventa.
¿Pero qué muestra ese espejo? El proceso que experimentó la Argentina no fue ajeno a lo que sucedió en el resto de América latina. Con el sello del Consenso de Washington, las políticas neoliberales penetraron en el continente como verdad revelada. En nuestro país, el inventario registró:
Ajustes estructurales para reducir el gasto público y el déficit fiscal.
Desregulación y apertura comercial.
Privatización de activos públicos.
En esa pelea arreglada por el menemismo en los ’90, estaba claro que el mercado ganaría por nocaut. Sin embargo, la mayoría de la platea criolla, encandilada por las promesas de éxito instantáneo y membresías de ciudadanos del primer mundo, aplaudió la demolición de los restos históricos del Estado benefactor. Como le gustaba presentar a Bernardo Neustadt en su programa Tiempo Nuevo, el Estado era un teléfono que no funciona, un avión que no vuela o una carta que no llega. Lo mismo daba: era la lógica repetida de un sector público inoperante, burocrático y costoso, al que había que achicar, soltando el lastre más pesado: sus empresas, que pasarían a manos de los eficaces administradores privados, llamados para hacer del elefante blanco estatal una ágil gacela neoliberal. La receta venía sellada al vacío junto al know how de los expertos enviados por el FMI, que con la Argentina sumaron varias millas de viajeros frecuentes.
En esa línea, el Estado desreguló, privatizó o dio a concesión de forma voraz. Para mantener el ritmo, la gestión Menem apuntaló la idea de que incluso bajo pésimas condiciones era “negocio” para el Estado desprenderse de su patrimonio, un proceso que arrancó en 1989, cuando apenas habían pasado 40 días desde que el riojano tomó posesión de la Casa Rosada. Y si bien en el listado sugerido por los norteamericanos la privatización aparecía en el puesto número ocho, en los despachos ministeriales criollos trepó hasta el primer lugar, esgrimida como un “curalotodo” para los problemas de los argentinos.
La llave fue la Ley de Emergencia Económica y Administrativa (23.696), sancionada en agosto de 1989: puntapié de una reforma del Estado que permitió diseñar la ingeniería legal para el desguace. La ley le dio vida a una comisión bicameral del Congreso que eligió el orden en que las joyas de la abuela serían dadas a remate. Para el menemismo –que, en campaña, había prometido borrar el fantasma de la hiperinflación heredada de Raúl Alfonsín–, la privatización compulsiva era la forma obtener cash verde. “Si los activos públicos se intercambiaban por dólares en efectivo, el poder público se hacía de liquidez para cerrar transitoriamente las brechas interna y externa”, explicaron en un estudio al respecto los economistas Pablo Gerchunoff y Guillermo Canovas. Más directo, el candidato cordobés Luis Juez afirma que “en los noventa, los grupos económicos sólo peleaban por sus privilegios. Hablamos de corrupción, entrega, despilfarro, destrucción del aparato estatal, reventa”.
En cadena, las empresas fueron cayendo en la picota ciega del Estado rematador: la Administración General de Puertos, Gas del Estado, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Obras Sanitarias de la Nación, etc. La lista es larga y, a la vista de los resultados, dolorosa. “En la década del ’90 –escribió la periodista María Seoane en El saqueo de la Argentina–, todo fue vendido o concesionado a manos privadas: teléfonos, agua, electricidad, petróleo, ferrocarriles, aviación comercial, petroquímica, siderurgia.”
A algunas empresas, como Aerolíneas Argentinas, el turno les llegó rápido. Su venta se concretó en noviembre de 1990 y tuvieron que pasar 18 años para que el Gobierno retomara las riendas de la aerolínea de bandera. Eso sí, con un quebranto millonario calcificado en sus balances. La empresa había sido vendida por Menem a la estatal española Iberia, que luego de quebrar fue tomada por un ente que manejaba fondos públicos de ese país. En todo el proceso, el servicio empeoró significativamente, un efecto colateral de la mayoría de las experiencias privatizadoras. Antes de ser repatriada, la administradora española reconoció una deuda de casi 900 millones de dólares, una flota desguazada y obsoleta, rojos bancarios y sueldos impagos.
A pesar de la historia, la última semana De Narváez sostuvo: “En diez meses, en Aerolíneas tienen gastado más de 1.746 millones de pesos, con un desmanejo muy claro. Yo no me sentí más argentino el día que Aerolíneas fue estatizada ni me sentía menos argentino cuando Aerolíneas era de los españoles”, dijo el candidato bonaerense.
Acotación de Blog Opiniones Creadas.
“El idiota este, es Colombiana, nunca se puede sentir Argentino”....continuemos!
El diputado y candidato por Santa Fe, Agustín Rossi, explica que “los privados quisieron presentar al Estado como ineficaz cuando estafaron al país al no invertir y trasladarle sus pasivos. Hoy hay políticos que defienden esa idea pero son como hojas que van donde las deposita el viento. Hay que tener ideas, convicciones y creencias y después debatir”.
El economista Marcelo Lascano señala que se trata de una discusión conceptual: “Existe un criterio filosófico que apunta a un Estado liberal porque el Estado que controla no es eficiente. Pero la economía necesita del resorte del Estado. Lo que hay que hacer, donde se juzga necesaria la intervención, es poner a gente eficiente que lleve adelante una buena administración”.
El propio Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz explica que tras el fracaso de las políticas económicas que intentaron imponerse en la década del ’90, “se necesita una nueva estructura que tenga en cuenta la importancia de la igualdad social y el empleo, que establezca un balance entre el papel del gobierno y el del mercado”.
Una fórmula a la que habría que sumarle un concepto cultural, distinto al del individualismo y la frivolidad que primó en pleno auge neoliberal. “Justamente, ese es el enemigo más importante”, afirma Víctor De Gennaro. Para el dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), “la cultura del sálvese quien pueda, del individualismo, de pisarle la cabeza al otro, no permite creer en la recuperación de los valores humanos. Y esa disputa hoy está más consciente que antes. Discutimos el proyecto nacional, latinoamericano y de humanidad”. Un debate al que De Narváez le contrapuso una advertencia: “Néstor Kirchner tiene el modelo de Hugo Chávez en la cabeza. Pasados los comicios del 28 de junio, habrá intentos de estatizaciones y arremeterá contra la propiedad privada”.
El ex presidente y primer candidato a diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires no tardó en responder: “Quieren volver al pasado. (...) Lo que hace falta no es ni un capitalismo de Estado ni un mercado que actúe solo. Se necesita un Estado que articule lo público con lo privado, como dice (Barack) Obama”. La referencia tiene anclaje en una experiencia que está prohibido repetir: un desmantelamiento económico que tuvo correlato en una política que se vació de contenido y provocó el pedido de “que se vayan todos”.
“Ese pedido representó la eclosión de un modelo de país que había degradado la política –comenta la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto–. Se habían privatizado nuestros bienes, muchos no tenían ni siquiera alimento y nos seguían sacando. Creo que los que quieren volver a privatizar empresas, por ejemplo, lo hacen porque ideológicamente se beneficiaron con estas decisiones y creen que la vida los tiene que seguir beneficiando. No lo hacen por el país sino por un provecho personal.”
Héctor Polino, que compite por una banca de Capital Federal, explica que “el problema de los’90 es que se subordinó el Estado a las corporaciones del poder económico y financiero”. El referente socialista agrega que “junto con las privatizaciones se precarizó el trabajo. No fue una combinación positiva. Al contrario, provocó un tendal de víctimas de carne y hueso, un verdadero genocidio social. Si alguien pide volver a eso, pide retornar a un neoliberalismo y conservadurismo que le hizo daño a una generación”.
Los números revelan una realidad cruda y descarnada, en la que la desocupación, la pobreza, la indigencia y la desigualdad social alcanzaron cifras récord. En 1995, por caso, el desempleo marcó un pico histórico de 18,4 por ciento, según datos del Indec, que fue superado en 2002 al romper la barrera del 21 por ciento. Además, la deuda externa –tanto pública como privada– se duplicó, el 10 por ciento más rico de la población pasó a recibir 46,6 veces más que el 10 por ciento más pobre, y la pobreza y la indigencia en el Gran Buenos Aires, como caso paradigmático, alcanzó al 25,5 por ciento de los hogares en los cuales vivía el 35,4 por ciento de las personas.
Para Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, las expresiones de los referentes de Unión-Pro revelan que “cada uno se sacó la careta. Los que piden volver a los noventa son de una clase que no es la nuestra. Ellos siempre van a defender a los ricos, el país de unos pocos”.
Los funcionarios que en aquel entonces defendieron la “reducción” de las empresas públicas quedaron al amparo de los usos y costumbres que la política comparte con la Justicia. El caso de la ex multifuncionaria María Julia Alsogaray, quizá por exagerado, es una excepción: la Justicia la condenó a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito y ordenó decomisar de sus cuentas más de 3 millones de pesos. Ese dinero lo embolsó, en parte, por su servicio como interventora de ENTel, empresa de telefonía pública. Junto al ministro de Obras y Servicios públicos, José Roberto Dromi –el otro “privatizador” menemista–, Alsogaray logró en 1990 la venta de ENTel. Además de registrar los efectos nocivos de este proceso, como un servicio muy deficitario y desinversión, el caso de ENTel también fue punta de lanza para el avance sobre las garantías de los trabajadores y la precarización laboral con la que se completaba la receta neoliberal de los ’90.
Incluso antes de pasar a manos privadas, la intervención de Alsogaray se desprendió de 13 mil empleados. La flexibilización, que veía como abusos de los trabajadores todos los derechos legados por el primer peronismo, logró reducir eso que el empresariado llamaba “costo laboral”. Se limitó el derecho a huelga, se dejaron de homologar los convenios colectivos y sólo se habló de suba salarial si crecía la productividad. Se abrió paso a un sinfín de nuevas formas de contratación que, por regla, reducían riesgos para el empresario y desamparaban al trabajador. Se bajaron las cargas sociales y se fijaron topes indemnizatorios, nació la contratación temporaria y el trabajo tercerizado. “Mirá si conozco lo dramático y salvaje de la época que asistí a varios suicidios de hombres que tomaban esa decisión por la desazón que les generaba el cierre de fábricas, la falta de trabajo, la desesperación por no poder asistir a su familia”, recuerda Luis Farinello.
Desde lo técnico, el diputado Héctor Recalde reconoce que “los ’90 terminaron, pero todavía hay una legislación laboral flexibilizadora que no logramos sacarnos de encima”. Para el abogado histórico de la CGT, “en aquella época tuvo lugar una pérdida del valor del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores, el aumento de la precarización y del trabajo en negro”.
Algo similar sucedió con las jubilaciones, con un sistema que congeló haberes y acumuló deudas, aunque Macri todavía lo defiende, como lo hizo durante un acto de campaña en el que acompañó a su candidata porteña, Gabriela Michetti. Sin embargo, el traspaso de las AFJP al Estado representó casi 98 mil millones de pesos a los que, en el transcurso de este año, se sumarán 13 mil millones más, provenientes de los actuales aportantes. El año pasado, el oficialismo defendió la medida comparando la idea de un reparto solidario, inclusivo y redistributivo con el fracaso de un sistema de capitalización que:
l Contaba con 450 mil jubilados, de lo cuales 170 mil recibían la garantía de jubilación mínima por parte del Estado. A ellos se agregaban 33 mil afiliados que tenían su cuenta de capitalización individual totalmente consumida y cobraban la totalidad de sus haberes gracias al aporte estatal.
l De los 3,4 millones de jubilados y pensionados nacionales que existían en la Argentina para 1997, provocó que el número descendiera a 3,1 millones en 2008, con una cobertura que disminuyó del 60 al 47 por ciento.
l Presentó 25 administradoras de las cuales quedaron diez que mantuvieron un comportamiento corporativo, ya sea para la incorporación de afiliados como para el cobro de las comisiones.
A contramano de Macri, el filósofo José Pablo Feinmann, que expresó abiertamente que votará “a aquellos que fortalezcan el gobierno de Cristina Fernández”, destaca: “Uno sería un cretino si quisiera volver a las AFJP, que fueron una estafa para el Estado y para los argentinos, dado que surgieron como una forma de apoderarse del ahorro popular”. Más crítico, Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por el Partido Obrero, expresa que “el Estado tuvo una intervención extraordinaria porque aceptó que se privatizaran empresas por dos mangos. Sin esa tolerancia no se hubiese dado todo ese proceso”. Y como sostiene el diputado Claudio Lozano, “el problema es que el pasado está presente”. El economista de la CTA agrega, además, que “esta pelea sobre los noventa aparece en el momento en que el consenso político dominante se debilitó. Pero hoy el debate debe centrarse en qué tipo de intervención tiene que tener el Estado”.
Más allá de los matices, hay algo seguro: no se puede volver atrás. A la Argentina del ajuste, los negocios privados con recursos de todos y la inclusión para unos pocos. Los ‘90, nunca más.
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