Tiempo Argentino // 14-09-10 // Un informe de la oposición advierte que el 82% móvil no es sustentable

Publicado en por Opiniones Creadas

Por Catriel Etcheverri


Lo realizó la Auditoría General de la Nación que preside el radical Despouy. Y contradice la posición que asumieron los opositores durante el debate en Diputados. Señala que el esquema de financiamiento actual hace inviable el aumento.
  El senador nacional por el socialismo Rubén Giustiniani se mostró confiado ayer en que las audiencias públicas organizadas para debatir el proyecto de la oposición que fija el 82% móvil en las jubilaciones pueda “desequilibrar la paridad” que existe en la Cámara Alta (ver aparte). Convertida en una puja política con un alto impacto en la opinión pública, la acalorada discusión en torno a esta iniciativa parece haber dejado de lado uno de sus aspectos centrales: la sustentabilidad del sistema previsional.
En ese sentido se pronunció semanas atrás el diputado oficialista Gustavo Marconato, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, quien aseguró, en ocasión del debate del proyecto en el recinto, que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe explicar la fuente de los recursos” algo que según estimó “no está claro en la iniciativa opositora”.
La Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo controlado por la oposición que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público, elaboró –semanas antes de que el debate se instalara en la agenda política–, un informe titulado “Deuda pública contingente - Sistema Previsional 2007-2050” en que analiza la sustentabilidad del sistema ante cuatro escenarios distintos, todos ellos adversos para las cuentas públicas.
Entre sus conclusiones, la AGN advierte que el Sistema Previsional Argentino (SIPA), creado en diciembre de 2008 con la fusión de los ex Regímenes de Reparto y de Capitalización, resiste todos los escenarios analizados con excepción del que vislumbra la extensión a todos los beneficiarios del 82% móvil.
En la actualidad, docentes, investigadores, integrantes del Poder Judicial y miembros del servicio de Relaciones Exteriores gozan de un régimen especial por el cual perciben un haber que oscila entre el 82% y el 85% de la remuneración mensual que obtenían al momento de jubilarse. Pretender extender al conjunto de los jubilados este régimen, indica el informe, volvería deficitario al sistema previsional que dejaría así de ser autosustentable.
El informe tuvo en cuenta cuatro escenarios distintos. En el primero (en el cuadro adjunto descripto como “Sensibilización del PBI”) se simuló un fuerte freno en el crecimiento de la economía, en otros dos de los panoramas vislumbrados (“Sensibilización Informalidad I” y “Sensibilización Informalidad II”) se plantea un freno al ritmo de reducción de la informalidad y un freno total de esta tasa hasta el año 2050, y en el cuarto (“Sensibilización Regímenes Especiales”) se simuló que el SIPA, financiado con aportes del 13% de los trabajadores pague haberes equivalentes al 82% del último ingreso percibido.
Los resultados demuestran que en los tres primeros escenarios, recesión y un freno parcial y total a la reducción de la informalidad laboral, el SIPA sigue siendo superavitario. Sólo en el cuarto escenario se convierte en deficitario y deja de ser sustentable.
Para dar cuenta del funcionamiento del sistema, el informe indica que incluso si el SIPA tomara a su cargo todo el gasto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como las asignaciones familiares, el Fondo Nacional de empleo, las transferencias a otras jurisdicciones y los gastos operativos de la ANSES, el SIPA soportaría los dos primeros escenarios y se volvería deficitario en el tercero recién en el año 2020.
Por último, en el caso de que se eliminaran los ingresos provenientes de la coparticipación (15%), como reclama Santa Fe, el sistema sería deficitario en todos los escenarios analizados.
Frente a la insustentabilidad del sistema ante una eventual aplicación del 82%, el informe indica “será necesario financiar las erogaciones previsionales” e indica que “llevarlo a un resultado neutral –es decir que deje de ser deficitario– implicaría aumentar la presión impositiva destinada a ANSES, que se movería del actual 3,79% al 8,79% o 11,75%”. Por ello, aconseja la AGN: “Se considera importante que, como parte de la administración prudencial del sector público, el ministerio de Economía y la ANSES controlen la evolución de las variables económicas, financieras y democráficas, que determinan el resultado del sistema previsional, en virtud de la eventual aparición de déficit que deba financiar el Estado Nacional o que resulten en pérdidas de todos los integrantes del sistema previsional.”
Sólo la iniciativa presentada por Proyecto Sur, que apenas obtuvo dictamen de minoría, proponía financiar el incremento de las jubilaciones con la restitución de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, cuando en plena efervescencia neoliberal el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo benefició a las grandes empresas con una reducción de 14 puntos porcentuales.
El plan de Proyecto Sur generó críticas en otros sectores que indicaron que se impulsaría la precarización del mercado laboral, algo que descartó el diputado Claudio Lozano señalando que “ese es el discurso de Cavallo”.
El informe indica además que aunque no se conocen los resultados financieros de “los regímenes especiales cuyos beneficios son altamente superiores, con tasas de remplazo que oscilan entre el 82% y el 85% del último haber desempeñado por el trabajador”, sus eventuales déficits, “en caso de verificarse, son cubiertos con el desfinanciamiento del régimen general que, así, se ve dificultado de mejorar los beneficios que otorga”. Entre sus conclusiones, la AGN destaca que “al 31 de diciembre de 2007 el sistema contaba con 7,2 millones de aportantes y 5,1 millones de beneficiarios”. Y señala que con esta ampliación del sistema público de reparto “se ganaron relativamente más aportantes que beneficiarios”

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